La empresa minera Buenavista del Cobre continúa operando de manera irregular y realiza descargas de sustancias tóxicas al río Bacanuchi, afirmó el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), Carlos Jesús Arias.
Mencionó que tras la suspensión de operaciones de las presas de jales de la empresa productor de cobre por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre y otros metales a los ríos Bacanuchi y Sonora, sigue incurriendo en delitos ecológicos.
En conferencia de prensa, expuso que la minera del Grupo México, que ocasionó el derrame el 6 de agosto pasado y afectó a más de 22 mil habitantes de siete municipios de la cuenca del río Sonora, realiza “descargas deliberadas de tóxicos al río Bacanuchi”.
Destacó que “el gobierno del estado rompe totalmente cualquier tipo de relaciones con la empresa minera de Cananea” y anotó que la compañía Buenavista del Cobre violó sellos de clausura impuestos por la UEPC.
Señaló que la dependencia estatal clausuró las instalaciones de la planta al incumplir con el diagnostico de riesgos que por ley debió presentar en la ampliación de trabajos que viene haciendo a su planta concentradora de cobre.
“Estos trabajos tampoco tienen permiso de uso de suelo por parte de las autoridades municipales ni licencia de construcción”, anotó.
Arias dijo que la empresa negó en dos ocasiones el acceso a los inspectores de UEPC para verificar y constatar el cumplimiento de las sanciones impuestas y señaló que el 18 de septiembre fue la última ocasión que se les negó el acceso a la mina.
Por ello, anotó, se inició un proceso legal que puede incluir el uso de la fuerza pública para hacer valer la ley.
“Independientemente del proceso legal que ya iniciamos, vamos a volver a ir y vamos a entrar con la fuerza pública; la próxima vez que yo vaya a la mina de Cananea voy a ir con la fuerza pública y voy a entrar a verificar que se cumplan las sanciones que Protección Civil ordenó”, advirtió.
Arias mostró fotografías del 24 de agosto donde se observa que un equipo de bombeo hace descargas al arroyo “Las Tinajas” y de ahí al río Bacanuchi, sobre el represo provisional que se construyó el 7 de agosto para contener el derrame.
Consideró que ese derrame ya fue notificado a las autoridades federales mediante denuncia a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que se deslinden responsabilidades.
Por otra parte, el funcionario estatal comentó que se verificará el programa interno de protección civil que la empresa debe tener y que la compañía no ha presentado a la autoridad responsable.
“La mina está obligada a cumplir con la ley, sobre todo en algo delicado como es la protección de sus propios trabajadores”, ya que de acuerdo a estimaciones adentro de la mina laboran unas tres mil personas.
