La colaboración entre el Estado mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Ayotzinapa en inédito al lanzar una asistencia técnica desde la emisión de medidas cautelares. Este esquema de trabajo podría derivar “en un modelo que contribuya a México o a otro a general mecanismos de justicia”, comentó el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Alvarez Icaza, en breve entrevista con Noticias Mvs.
El presidente (de México, Enrique Peña Nieto) ha mandado mensajes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera “positivos”; el presidente ha tenido una respuesta que en principio da un horizonte esperanzador, agregó Alvarez Icaza tras participar en el cierre de las jornadas cerradas para identificar los “Desafíos del sistema interamericano de derechos humanos”, desarrolladas en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Alvarez Icaza reconoció que “el momento es crítico, se han puesto en duda algunas de las hipótesis de la autoridad, sobre lo que se ha llamado ‘verdad histórica’, pero se han dado elementos y pistas para investigar; el sentido de la asistencia técnica es ese, es contribuir con el Estado mexicano en un objetivo superior que es la justicia, que es saber del paradero de estos jóvenes y poder entonces avanzar y combatir las desapariciones” subrayó.
Tras el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destacó Alvarez Icaza, “lo que sigue es esperar es esperar una respuesta de parte de los beneficiarios de las medidas cautelares, de los peticionarios y de parte del Estado mexicano. Tiene que discutirse en ese tenor de ideas la continuación de la asistencia técnica”.
El funcionario de la CIDH explicó que hay “una ruta que viene para el cumplimiento de estas recomendaciones y eso es parte de lo que la CIDH va a valorar. Posteriormente tendremos enfrente una decisión sobre los términos o no de la continuación de la asistencia técnica; tendrá que formalizarse esa decisión, es un acuerdo de asistencia técnica, es de naturaleza distinta a otra cosa y en cuanto tanto México aproveche esta oportunidad que brinda la cooperación internacional –para este y todos los casos estructurales– creo que el efecto de no repetición podría hacerse más concreto, una mayor realidad”.
Alvarez Icaza reveló que el pasado domingo “nos reunimos el pleno de la CIDH con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y una de ellas decía que lo mas valioso de este informe fue cuando uno de los padres de familia –de los 43 normalistas desaparecidos– es que este informe les daba esperanza. Yo me quede con esa frase como una estampa del momento”.
Ya frente a sus colegas del sistema interamericano, académicos y defensores, el secretario ejecutivo de la CIDH consideró que en materia de derechos humanos “tenemos un gran avance y eso es algo que se tiene que ponderar, tenemos instituciones, procedimientos, funcionarios como nunca en la historia, eso es un logro en nuestras democracias en los últimos 40 años; no obstante –apuntó– la democracia no es un régimen donde no se cometan violaciones a los derechos humanos, hay muchas y estructurales, pero la diferencia es que no haya una política estructural de violación a los derechos humanos; pero hay prácticas generalizadas, sistemáticas, generalizadas, de violaciones, entonces, ¿cuál es la diferencia? Qué los gobernantes encabecen la indignación y por lo menos investiguen, esa es una de las grandes diferencias de las democracias. Que se vea la denuncia como un ejercicio de derechos, no como un ataque politico, esa es una de las grandes diferencias entre las democracias, que quien denuncie, no tenga riesgo por haberlo hecho.
También en el presídium, Pablo Saavedra, Secretario general de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, resaltó la importancia de indagar caso por caso (unos 20 expedientes al año en la CoIDH) porque pese al rezago en el cumplimiento de las sentencias al optar por el perfil de “reparación del daño”, en México, por ejemplo, la desaparición de Rosendo Radilla, el expediente de Campo Algodonero (por feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua), y otros, ya están construyendo esquemas de justicia por medio del control de constitucionalidad.
