Por: Juan Carlos Girón Enriquez.1
No cabe duda que no sabemos si premiar al gobierno por creativo o recriminarles su irresponsabilidad. Lo que si es cierto es que, lamentablemente, poco o mucho pasará con la recientemente publicada nómina secreta.
Aunque se enojen o se hagan los desentendidos, finalmente, toda la clase política se sigue sirviendo con la cuchara grande cuando de servir al pueblo se trata, muy a pesar de los sistemas anticorrupción, contralorías internas, auditorías o institutos de acceso a la información.
Muy reprochable resulta el haber, por un lado, aprobado una ley de salarios máximos para la administración pública y, por otro lado, tener una nómina secreta de bonificaciones.
Dar la imagen pública de austeridad para ganar la aceptación de la población, cuando por debajo del agua se autoriza un gasto no fiscalizado de sueldos y compensaciones a los funcionarios públicos por productividad y desempeño, a pesar de la gran cantidad de quejas que hay en todas las dependencias por el mal desempeño y la poca productividad de los servidores públicos.
Varias cuestiones vienen a la mente: primero ¿quién autoriza esa nómina? es decir, el gobernador en turno con aval del Secretario de Finanzas, pero no debemos olvidar que esos recursos tienen que ser aprobados por el congreso del estado en el Presupuesto de Egresos local, lo que significa que no solo es responsabilidad del Ejecutivo, sino también del Legislativo.
Segundo, la obscuridad o la secrecía con la que se maneja. Si tan seguros están, como dice la comisionada presidenta del IZAI, que no tiene nada de malo que se otorguen bonos de productividad y desempeño, entonces por qué dieron tantas vueltas para entregar la información, por qué no entregarla sin necesidad de presentar tantos recursos, o entregarla como debe de ser, en hojas membretadas, de manera clara que no deje lugar a duda de que el trabajo que se está haciendo para administrar los recursos es eficiente y ordenado por parte del Poder Ejecutivo; porque, seamos honestos, si recibimos información de manera tan desordenada y poco formal es el reflejo de la manera en la que se están administrando los recursos.
Tercero ¿Cómo es que se hizo la evaluación de los acreedores a esos estímulos de productividad y desempeño? ¿Quién dijo quiénes y cuánto deberían recibir de compensación? ¿Cuál es el criterio que deben cumplir los funcionarios para recibir tal o cual cantidad?
Porque si le preguntamos a la población sí esas personas en la “nómina secreta” se merecen esos estímulos por su eficiente trabajo, se, sin temor a equivocarme, que muchos de ellos no habrían recibido un solo peso. La productividad y desempeño se medirá entonces en beneficio de los intereses de la clase gobernante, porque queda claro que no es en beneficio de la ciudadanía.
Finalmente, no es la primera vez que la titular de un organismo autónomo defiende los ingresos exorbitantes que reciben tanto en el gobierno como los titulares de dichos organismos autónomos; reconoceríamos su eficiencia si esos organismos se encargaran de cumplir con las obligaciones que les corresponden, en lugar de estar justificando las acciones reprochables del gobierno, pero no podemos olvidar que tanto la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como la comisionada presidenta del IZAI, son ex funcionarias del poder ejecutivo y que no gozan de plena autonomía, lo que atenta contra la naturaleza de los órganos que ahora dirigen.
Ante ese escenario, no queda mas que concientizar a la ciudadanía de que la única forma de que las cosas cambien es tomar las riendas del asunto, participar, exigir y denunciar todos los actos de corrupción de los que tengamos conocimiento, para que toda la población se de cuenta de que muchos de los que reciben bonos de productividad y eficiencia ni son productivos ni son eficientes para la sociedad.
