Senado el cese del gobierno catalán por completo y la realización de elecciones anticipadas en la región en un plazo inferior a los seis meses.
Ante la amenaza de que el parlamento catalán cumpla su intención de votar una declaración unilateral de independencia, Rajoy optó por una aplicación rigurosa del artículo 155 de la Constitución previsto para el supuesto de que una comunidad autónoma no cumpla sus obligaciones o las leyes.
El Gobierno señaló que tuvo que aplicar el artículo constitucional en contra de su deseo y que espera que esto permita realizar elecciones regionales tan pronto como se recupere la normalidad.
El Gobierno central y Cataluña se encuentran enfrentados por un referéndum de independencia realizado el 1 de octubre, tras el cual la autoridad regional manifestó su intención de declarar una secesión unilateral.
Ante la atenta mirada de la plana mayor de su gobierno, Rajoy aseguró en una rueda de prensa que las medidas buscan restaurar el orden constitucional, asegurar la neutralidad institucional, garantizar los servicios y la actividad económica y preservar los derechos de los ciudadanos.
Las medidas, que cuentan con el respaldo del partido opositor PSOE y Ciudadanos – que junto con el gobernante Partido Popular suman 254 de los 350 diputados de la Cámara Baja nacional – deben ser refrendadas en el Senado.
Rajoy, que aseguró que las medidas “no suponen una intervención de la autonomía”, dijo que los distintos ministerios nacionales asumirán las competencias de los consejeros cesados, lo que probablemente incluirá la policía regional o los medios públicos.
“Las funciones que antes tenía la Generalitat ahora pasan a tenerlas los nuevos gestores”, dijo Rajoy.
“El único temor que se puede tener en una situación como ésta es no cumplir con tu obligación”, dijo Rajoy al ser consultado sobre si no temía que la decisión provocase un aumento de las ya importantes protestas en la región.
Rajoy destacó la importancia económica de las pretensiones independentistas asegurando que una hipotética independencia “empobrecería” la economía regional entre un 25 y un 30 por ciento.
Tras lamentar datos “preocupantes” como la fuga de “más de 1.000 empresas” de la región, “la desincentivación de la inversión” y la “desmotivación del turismo”, Rajoy dijo que las medidas de excepción permitirán recuperar la normalidad y animó a que no haya más cambios de sedes ni fugas de depósitos.
