Por Martín Escobedo Delgado
2018 es un año marcado por el proceso electoral. Por primera vez en la historia reciente de México, tendremos elecciones concurrentes, lo que significa la simultaneidad de elecciones federales y locales, elemento que complejiza aún más este ejercicio que está en marcha. Los mexicanos, de acuerdo a nuestro lugar de residencia, elegiremos Presidente de la República, Senadores, Diputados federales, Jefe de gobierno, Gobernador, Diputados locales, Alcaldes, Ayuntamientos y/o Juntas municipales. En medio de la vorágine que representa el proceso electoral en marcha, es preciso hacer un alto para reflexionar sobre el origen de las elecciones en nuestro país y en nuestro estado.
En el periodo novohispano algunos grupos elegían a sus gobernantes a través de asambleas electivas. El ejemplo más común de esta práctica lo constituyen los pueblos de indios, quienes, inmersos en una gran diversidad, designaban anualmente a su gobernador y al consejo que lo auxiliaría en las actividades de gobierno. Estas elecciones —de corte tradicional—, respondieron a las necesidades de dominio de los españoles: desde la Conquista, los peninsulares idearon un mecanismo para que los pueblos de indios se gobernaran dentro del esquema jurisdiccional hispano.
Sin embargo, el primer ejercicio electoral moderno hunde su origen en los años de 1809 y 1810. Es bien sabido que en 1808 el ejército francés al mando de Napoleón Bonaparte invadió la Península Ibérica, forzando la abdicación del rey legítimo Carlos IV y dejando, en consecuencia, la monarquía acéfala. Los españoles que estuvieron en desacuerdo con la ocupación y con la renuncia obligada, reaccionaron en dos sentidos: por un lado, tomaron las armas para combatir al invasor y, por otro, se organizaron políticamente para darle viabilidad al gobierno que se erigió provisionalmente con el objeto de dirigir la resistencia e instituir un órgano político que tomara las riendas de la monarquía.
En esta tesitura se crearon Juntas de gobierno en distintas villas y provincias. Estas Juntas asumieron la soberanía que se había disuelto con la abdicación del rey. Más tarde, para evitar la dispersión del poder, se creó una Junta Central Gubernativa con un carácter provisional. Esta Junta convocó a las provincias peninsulares y a los reinos y capitanías generales de ultramar, a elegir a sus respectivos representantes que se reunirían en Cortes. Esta primera convocatoria no fructificó debido a la, complicada situación por la que atravesaba la monarquía española. No obstante, la idea se mantuvo, por lo que se emitió una segunda convocatoria a cargo del Consejo de Regencia, invitando a las provincias a que eligieran un diputado que las representase en Cortes.
Fue así que el cabildo de Zacatecas, asumiéndose como cabeza de provincia y con base en los puntos de la convocatoria, organizó el primer proceso electoral moderno de la entidad. Para ello, los integrantes del cabildo se reunieron en varias ocasiones en las que discutieron el procedimiento de la elección. Acordaron que se invitaría a las cabeceras subdelegacionales y a las villas de la intendencia para que propusieran candidatos. También convinieron que la elección se realizaría el 27 de junio de 1810. Así, Aguascalientes, Fresnillo, Sombrerete, Sierra de Pinos, Jerez, Villanueva y la ciudad de Zacatecas enviaron su respectiva lista de sujetos que, de acuerdo su criterio, resultaban idóneos para el desempeño del honroso cargo. En total se registraron 34 aspirantes con un perfil letrado e íntegro: 17 doctores, 9 licenciados, 4 bachilleres, 2 militares, 1 noble y 1 religioso franciscano. Los electores —el intendente interino y 6 miembros del cabildo— agotaron dos rondas de votaciones para elegir a una terna, de la que saldría el diputado por Zacatecas. La terna quedó integrada por el Dr. José Félix Flores Alatorre, de Aguascalientes; el Dr. José Ignacio Vélez, de Zacatecas y el Dr. José Miguel Gordoa y Barrios, de Sierra de Pinos.
El siguiente paso de la elección consistió en escribir el nombre de cada candidato de la terna en una papeleta “que enrolladas en forma, se introdujeron en una redoma de cristal, la cual removida una, y muchas veces, y sacada una cedulilla a presencia de los dichos señores […]” se halló que contenía el nombre del Dr. José Miguel Gordoa. Después de muchas vicisitudes, este clérigo pinense llegó al puerto de Cádiz integrándose casi de inmediato al Congreso gaditano, donde desempeñó un brillante papel: formó parte de diferentes Comisiones, subió a la tribuna política más importante de la nación española para defender con vehemencia los intereses de Zacatecas y de la Nueva España y le correspondió clausurar los trabajos legislativos siendo Presidente del Congreso, ocasión en que pronunció un discurso que todavía es recordado por historiadores y estudiosos de la teoría política.
A pesar de los resabios de Antiguo Régimen presentes en esta elección, la importancia de este ejercicio electoral reside en que por vez primera en la monarquía española se convocó a una elección sin que interviniera el rey, se reconoció a las provincias como órganos electorales y se dejó de considerar a los reinos de ultramar —entre ellos a la Nueva España— como “factorías o colonias”, reconociéndolos como “parte integrante y esencial de la monarquía española”, lo que situaba a sus representantes en igualdad de condiciones respecto a los diputados de la Península.
Es importante revisar el pasado para aprender de él. La elección del primer diputado por Zacatecas nos enseña varias cosas: 1) Los representantes del pueblo deben ser personas letradas, 2) Los diputados deben conocer la problemática de sus representados, 3) Cualquier candidato debe tener una trayectoria pública intachable, 4) Al Congreso no se va a levantar el dedo ni a dormir, 5) Tampoco se va al Congreso a seguir los dictados de un partido político, sino a luchar por los intereses de sus representados. Estos criterios los debemos tomar en cuenta el próximo 1 de julio en el momento en que ejerzamos nuestro derecho.
