Por Anna María D’Amore
Hace unos meses, la Fundación Italia Morayta publicó el Estudio de encuesta sobre la traducción y la interpretación en México 2017[i], en el que presenta información sobre “la magnitud y diversidad que existe hoy en día en el campo de la traducción y la interpretación en nuestro país”, gracias a la participación de más de mil traductores e intérpretes de lenguas indígenas nacionales, lenguas extranjeras y lenguaje de señas, quienes respondieron la encuesta desde todos los estados de la república mexicana. Entre los datos arrojados sobre la formación, profesionalización, condiciones laborales e ingresos de los traductores e intérpretes en este país, emergen algunos números alarmantes, síntomas de la discriminación lingüística.
En los países “desarrollados”, la profesionalización de la traducción e interpretación avanza en varias instancias. Mientras a fin de garantizar la calidad de servicios, estos esfuerzos hacia la estandarización del trabajo del traductor e intérprete son más que legítimos y definitivamente necesarios en el mundo “occidental” actual, las circunstancias en otros países exhiben una realidad muy diferente: la traducción y la interpretación se ejercen de manera precaria. No hay escape de la interacción de universos diversos debido al éxodo y reubicación masivos de refugiados políticos y económicos. Aunque hace cinco siglos las olas de migración iban en sentido opuesto, es decir, no eran los expropiados quienes llegaban a tierras desconocidas sino los conquistadores, emisarios de los grandes imperios, de igual manera estos encuentros necesitaban mediación lingüística; también su orientación eurocentrista les dio un sello distintivo.
En la época de la Nueva España, así como en nuestros días, hubo diversas acciones y legislaciones encaminadas a formar traductores e intérpretes y a regular su trabajo. Sin embargo, esto no significó siempre que los intérpretes fueran “profesionales” o que hubieran recibido la formación adecuada, ni tampoco que se reconociera la labor de los traductores e intérpretes de lenguas indígenas o que siempre hubiera alguna remuneración de por en medio. Incluso, los primeros discípulos indígenas de los franciscanos fueron tomados por la fuerza, y las siguientes generaciones traductores e intérpretes (alumnos del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que fungía como formador de traductores, consultores lingüísticos, copistas e informantes indígenas) pasaron por un proceso de reclutamiento que difícilmente se podría describir como voluntario, ya que Cortés ordenó a los indios que recibieran a los frailes y les entregaran a sus hijos para educarlos.
Además de estos métodos impositivos de formación de traductores e intérpretes, ya en el ejercicio de la profesión, notamos otro tipo de discriminación, evidenciado por la insistencia de las Leyes de Indias acerca de que los intérpretes no debían aceptar pagos extra de los indios y la especificación de que éstos debían llevar “un amigo cristiano” (Ley xii), es decir, alguien en quien los españoles pudieran confiar, para asegurar que el intérprete no omitiera ni agregara algo. Esta desconfianza manifiesta como discriminación lingüística y cultural es reflejo de la desigualdad de la época y tiene cierta lógica: la traducción e interpretación no se ejercían en un contexto fronterizo comercial ni como resultado de movimientos migratorios como los conocemos hoy en día, sino en un contexto de choque cultural, resultado de un conflicto bélico, entre conquistadores y conquistados.
Así como sucedía en la Nueva España, en la actualidad no siempre se requiere de la traducción e interpretación en contextos fronterizos. La realidad multilingüe de un país como México requiere de traductores e intérpretes expertos en las lenguas originarias nacionales, no solamente en el español y lenguas extranjeras. Para quienes traducen las lenguas originarias de México, ¿qué tanto ha mejorado la situación en cuanto a la valoración del trabajo y en cuanto a la discriminación y el trato desigual? Según el estudio de la Fundación Italia Morayta, en el ejercicio de la traducción e interpretación en México, “La disparidad entre lenguas indígenas y extranjeras es abismal”; basta ver unas cuantas cifras para ilustrar esta declaración:
- Casi la mitad (47.26%) de los intérpretes de lenguas indígenas no obtiene ninguna remuneración por su trabajo mientras que, en el caso de intérpretes de lenguas extranjeras, esta cifra es de 8.51%;
- mientras menos del 4% de los traductores que trabajan con una o más lenguas extranjeras declara no obtener ningún ingreso de la traducción, casi el 30% de los intérpretes de lenguas indígenas trabaja sin remuneración alguna;
- sólo el 11.64% de los intérpretes que trabajan con alguna lengua indígena obtiene el 80% o más de sus ingresos de la interpretación, mientras 41.84% de los intérpretes de lenguas extranjeras asegura obtener entre 80 y 100 por ciento de su ingreso de su trabajo como intérpretes; y
- entre quienes indicaron que se dedican principalmente a la traducción de lenguas indígenas, ni siquiera el 15% obtiene más del 80% de su ingreso de la traducción, en contraste con casi 40% (39.84%) de los traductores que trabajan con alguna lengua extranjera.
Si en términos generales se observa una minusvaloración del trabajo de los traductores e intérpretes, al tratarse de quienes trabajan con lenguas originarias en México, la situación es aún más extrema. En esta época globalizada ya no se pide la validación de “un amigo cristiano” en el ejercicio profesional, pero se encuentra el equivalente actualizado de los requisitos extravagantes establecidos en las Leyes de Indias en las certificaciones profesionales, otorgadas a cambio de tarifas en ocasiones exorbitantes por instancias internacionales globalizadas, que a duras apenas reconocen a las lenguas originarias. Persiste la desigualdad y la discriminación lingüística.
