Un me medio de comunicación nacional informó este 4 de abril que, en tan solo siete días, el juez federal Fernando Payá archivó por falta de pruebas dos de las denuncias que presentó la Fiscalía General de la República (PGR) por el presunto desvío de más de 300 millones de pesos en la Sedesol y en Sedatu, a través del esquema de corrupción conocido como La Estafa Maestra.
El miércoles 27 de marzo desestimó vincular a proceso a Francisco Báez Álvarez, exdirector de Presupuesto de la Sedatu en la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la administración de Rosario Robles y, este miércoles 3 de abril, determinó lo mismo para Pedro Simón León Mojarro, excoordinador de delegaciones de la dependencia en el ese mismo periodo.
En ambos casos, el juez dictaminó que el Ministerio Público federal no comprobó la responsabilidad de estos funcionarios en irregularidades en los convenios con universidades públicas, para hacer supuestos servicios.
De momento, estos exfuncionarios ya no serán sometidos a juicio, aunque este 4 de abril, un día después de que se diera a conocer que Pedro de León no fue vinculado a proceso, la Fiscalía señaló en un comunicado que apelará la decisión del juez en el caso de éste último al considerar que la investigación prueba que el exservidor público imputado autorizó indebidamente una contratación.
Sobrecosto millonario en Cruzada contra el Hambre
El último caso que se le cayó a la FGR fue el de Pedrón Simón León Mojarro, quien compareció el miércoles en la Sala 1 del Tribunal Federal Electoral, con sede en Reclusorio Norte de la Ciudad de México, acusado del delito de ejercicio indebido de la función pública.
León Mojarro firmó en 2015 un convenio por 124 millones de pesos con la Universidad Intercultural del Estado de México, para que ésta realizara en las 32 entidades del país el levantamiento de cuestionarios en un millón de hogares, y así se detectaran posibles beneficiarios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
El convenio fue firmado al amparo de una exención que prevé el artículo 1 de la Ley Federal de Adquisiciones, el cual establece que dos dependencias públicas de gobierno, como en este caso la Sedesol y la Universidad, pueden firmar convenios de manera directa y sin pasar por el filtro de una licitación pública.
Sin embargo, tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como la Fiscalía detectaron que esta universidad pública, a pesar de haber declarado por escrito previo a la firma del convenio que contaba con la capacidad y la infraestructura necesaria, subcontrató a empresas privadas para, supuestamente, realizar dichos cuestionarios.
A partir de lo anterior, los agentes de la Fiscalía expusieron ante el juez cinco argumentos para que vincularan a proceso a Pedro Simón León Mojarro, por el presunto delito de ejercicio indebido de la función pública.
El primero, que hubo un sobrecosto de los servicios: la universidad cobró 124 millones de pesos de Sedesol para hacer los cuestionarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, pero ésta entregó 61 millones a empresas privadas para que ellas hicieran los servicios, quedándose con los 63 millones restantes por no hacer nada.
El segundo, que hubo una violación al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, puesto que la universidad subcontrató con empresas más del 49% del dinero que le entregó Sedesol, lo cual está prohibido por dicha ley.
El tercer argumento es que debido a que la universidad subcontrató más del 49% permitido, la exención del artículo 1 de la ley ya no era aplicable al convenio, por lo que “hubo una contratación indebida” en la que participó el hoy exfuncionario de Sedesol.
El cuarto punto es que Pedro Simón León Mojarro no verificó que, en efecto, la universidad tuviera la capacidad para dar los servicios contratados.
Mediante el quinto argumento la Fiscalía expuso que, previo a la firma del convenio, la Sedesol pidió a tres universidades diferentes, de la que resultó más barata la opción de la Intercultural del Edomex, una “cotización de mercado”, pero esto, subrayó la Fiscalía, es diferente de un estudio de mercado que, tal y como obliga la Ley de Adquisiciones, debió haber hecho un organismo especializado, y que, posteriormente, debió ser publicado en Compranet, el portal oficial de compras de Gobierno. Cosa que no sucedió.
Exfuncionario cumplió con la normativa: juez
A pesar de estos argumentos, el juez federal Fernando Payá determinó que el exfuncionario de Sedesol cumplió con todos los requisitos previstos en la excepción de la Ley de Adquisiciones, por lo que no violó la Ley.
“(La Fiscalía) no aportó datos de prueba suficientes sobre conductas ilícitas en la contratación, ni sobre el uso indebido de la función pública (de Pedro Simón León Mojarro)”, concluyó el juez.
Payá consideró que una de las pruebas más importantes ofrecidas por la defensa fue el Acuerdo del Comité de Adquisiciones de la Sedesol, firmado en 2010 por el entonces titular, Heriberto Félix Guerra. En él se establece que el proveedor debe entregar un escrito, mediante el cual acredite la capacidad para cumplir con los servicios. La universidad sí entregó dicho documento.
Además, el juez argumentó que, si posteriormente a la firma del convenio, la universidad subcontrató de manera indebida a empresas privadas, pese a haber declarado por escrito su rector que tenía la capacidad y que no subcontrataría servicio alguno, esto ya sería materia de otra causa, no imputable al exfuncionario, tal y como expuso también la defensa del acusado.
“El imputado no podía saber, a futuro, que la universidad subcontrataría”, resaltó el juez. “Y la Fiscalía no acreditó que el imputado sabía, previo a la firma del convenio, que la universidad iba a subcontratar por arriba del 49% que permite la ley”.
Sobre si el exfuncionario debía supervisar que la univesidad tuviera la capacidad suficiente para dar los servicios, el juez también estuvo de acuerdo con el contraargumento de la defensa, la cual señaló que, según la normativa interna de la Sedesol, es prueba suficiente el oficio que le entregó la universidad.
En cuanto a quién sería el funcionario de Sedesol que debió vigilar entonces que la universidad no subcontratara de manera indebida y que los servicios se realizaran sin sobrecosto, la defensa del exfuncionario Pedro Simón Mojarro señaló públicamente a Marcos Salvador Ibarra Infante, exdirector general adjunto en la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol.
Aunque, de nuevo, el juez dijo que si la verificación estaba o no a cargo de un tercero, en este caso Ibarra Infante, eso “ya sería objeto de otros análisis” y no era motivo de la audiencia pública del miércoles.
Pedro de León analiza interponer demanda en contra de la ASF
León Mojarro fue funcionario de la Sedesol hasta 2015, pero en su paso por la dependencia firmó otros dos convenios denunciados penalmente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2017, debido a presuntas irregularidades encontradas respecto a la subcontratación de empresas fantasma por parte de instituciones de educación superior.
Se trata de un convenio con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para “el levantamiento de información que permita conocer la opinión de los beneficaciarios con relación a la atención recibida del personal de los programas de los programas sociales”, por 77 millones de pesos.
El otro fue por 52 millones de pesos con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) para “implementar las acciones para que se realice el ‘Diseño y desarrollo de una metodología de intervención para el fortalecimiento del padrón de beneficiarios de la Sedesol’”.
Posterior a la decisión del juez de no vincularlo a proceso por el convenio con la Universidad Intercultural del Edomex, Pedro Simón Mojarro dijo que “la justicia prevaleció” y criticó directamente a al ASF por las observaciones que ésta hizo al convenio que llevó a la Fiscalía a imputarlo.
“El que nada debe, nada teme -recalcó-. Esta imputación de la Auditoría Superior es tirarle a los patos con un rifle para ver cuántos caen. Es irresponsable, arbitraria, y ahora sostengo y compruebo que fue fuera de la ley”.
El exfuncionario de Sedesol criticó que durante seis años la Auditoría ha señalado posibles actos de corrupción al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, pero ésta no mandó ninguna propuesta a la Cámara de Diputados para suspender ese artículo.
“La Auditoría se ciñe únicamente a la cuestión punitiva. Es decir, ellos justifican su trabajo imputándote. Mi propuesta sería que, en este nuevo gobierno, se convierta en una Auditoría preventiva, para que no andemos imputando a gente sin ton ni son, y sometiéndonos al escarnio de los medios y de la sociedad”.
“Ya en Zacatecas (de donde es originario) todo el mundo me vincula a La Estafa Maestra. Y, lamentablemente, ese es el daño que me han hecho. Por eso, me reservo el derecho de poner una demanda por daño moral en contra de la Auditoría, por su imputación irresponsable, arbitraria y fuera de la legalidad”.
Vía Animal Político
