Luego de una intensa resistencia por parte de la diputada, no logró que la Ley se modificara de tal forma que permitiera a la Comisión Estatal de Integración Social de las Personas con Discapacidad, Instituto de la Juventud de Zacatecas, Instituto de Desarrollo Artesanal y el Instituto de Migración convertirse en secretarías o seguir existiendo, de tal manera que, de aprobarse la ley, los mencionados organismos desaparecerán.
Domínguez Campos explicó que para atender las necesidades de los mencionados organismos la Ley contempla la creación de una dependencia de gran magnitud denominada Secretaría de Desarrollo Social, que rescataría algunos de los atributos conferidos a estos organismos actualmente descentralizados y con presupuesto autónomo.
Sin embargo, “se terminaría de un plomazo con las leyes que dieron vida a estas instituciones”, declaró Domínguez Garay, y se derribaría los logros que estas minorías han trabajado por años y que comenzaban a ser reconocidos a través de los institutos específicos.
La diputada del partido Movimiento Ciudadano señaló a Guillermo Huizar Carranza, contralor interno del gobierno del estado, como uno de los principales actores intelectuales e impulsores de la mencionada Ley.
De acuerdo con la diputada, en reunión con los legisladores Huizar Carranza señaló como uno de los argumentos para desaparecer a los institutos y centralizar el poder que “los institutos hacen lo que quieren”.
Institucionalmente, los argumentos en que se fundamenta la ley aluden al ahorro de recursos, la eficiencia en el control del aparato gubernativo y un logro eficiente para lograr la superación de la marginación.
María de la Luz calificó de retrogrado el hecho de querer concentrar el mando de varios institutos en una sola secretaría, es decir, de centralizar, ya que, dijo, la tendencia mundial va en sentido contrario, hacia la descentralización.
Además, criticó que hubo “cerrazón” por parte de los legisladores para discutir la pertinencia de la Ley Orgánica de la Administración Pública con académicos, así como el no dar un mayor plazo antes de dictaminarla a fin de dialogar con los grupos vulnerables aludidos: migrantes, jóvenes, discapacitados.
La diputada del partido Movimiento Ciudadano denunció que de aprobarse la Ley se estarían violando convenios internacionales firmados por México en pro de los discapacitados en los cuales se fundamentó la creación del CEISID. Además, se pierde la posibilidad de acceder a recursos internacionales etiquetados específicamente para apoyar a diversos grupos vulnerables.
Domínguez Campos señaló que uno de los puntos más graves en la posible aprobación de la Ley es que ampara la posibilidad de despedir a los trabajadores de los institutos mencionados, no existiendo otra alternativa.
80 mil afectados
Martin Hernández Dones, representante social civil ante el Consejo Nacional en Contra de la Discriminación señaló que en Zacatecas habitan alrededor de 80 mil personas con algún tipo de discapacidad.
Al cuestionarle ¿cómo reaccionarían los afectados en defensa de sus derechos? Martín Hernández precisó que por la condición de las personas con discapacidad era difícil pensar en acciones de resistencia civil como marchas o toma de instalaciones, no obstante, precisó que tampoco es imposible y que dentro de sus posibilidades darán la lucha en pro de sus derechos.
Para Martín Hernández lo más grave de la desaparición de la Comisión Estatal de Integración Social de las Personas con Discapacidad, es que se interrumpe la posibilidad de alcanzar un logro que estaba muy cerca, la homologación de la ley local con las leyes a favor de los discapacitados en materia internacional.
También, que los legisladores no se hubieran acercado con el grupo afectado antes de dictaminar la ley en los términos explicados anteriormente.
