El presidente de México, Enrique Peña Nieto, rinde este primero de septiembre su segundo informe de Gobierno, en el que previsiblemente tendrán un papel central las reformas estructurales impulsadas durante su gestión iniciada en diciembre de 2012.
“Las reformas transformadoras son resultado del trabajo en equipo en el que, aprovechando nuestra valiosa pluralidad, todos se han puesto la camiseta de México”, dice el mandatario en uno de los “spots” de alrededor de minuto y medio de duración, difundidos por televisión, las redes sociales y la página web de la Presidencia.
Asegura, que México cuenta con todo lo necesario “para ser una nación próspera con mejores condiciones de vida para cada familia”, entre las que cita “una economía estable, competitiva y abierta al mundo”, así como “una democracia madura que debe permitir alcanzar acuerdos”.
“Lo que sigue en este proceso es poner las reformas en acción, llevarlas de la ley a la práctica, lograr que los cambios a la Constitución y a las leyes se traduzcan en beneficios reales para todos”, señala.
Pero poner las reformas en práctica puede constituir un reto más grande que aprobarlas, en particular la energética y la educativa, que enfrentan el rechazo de diversos grupos.
La reforma energética, promulgada por Peña Nieto en diciembre de 2013 y cuyas leyes reglamentarias entraron en vigor este agosto, enfrenta el rechazo unánime de las fuerzas de izquierda, que esperan revocarla mediante una consulta popular durante el proceso electoral de 2015.
Estas fuerzas argumentan que la reforma, que abre el sector energético al capital privado después de más de siete décadas de monopolio estatal, implicará la entrega de los recursos energéticos del país a empresas extranjeras
Por otra parte, la reforma educativa y sus leyes secundarias, promulgadas en febrero y septiembre de 2013, respectivamente, son rechazadas por un segmento del magisterio representado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que durante varios meses se ha movilizado en varios estados y en la capital mexicana para exigir su derogación.
Entre los puntos más criticados por la agrupación gremial está un sistema de evaluación profesional para la contratación, permanencia y promoción del personal docente, algo inexistente hasta ahora en la educación pública mexicana.
Además de estas reformas están las de telecomunicaciones, competencia económica, financiera, hacendaria (fiscal), laboral, política-electoral, de transparencia, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la nueva Ley de Amparo.
En el sitio web de la Presidencia se destacan diversos beneficios de estas enmiendas, como el de “un billón de pesos en crédito impulsado por la banca de desarrollo” como resultado de la reforma financiera.
También se adelantan algunos puntos del informe, incluyendo la puesta en marcha de 23 mil 009 escuelas de tiempo completo, los más de 3 millones de beneficiados de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y los 4.7 millones de mujeres con seguro de vida para jefas de familia.
Un punto ausente en la página es el relativo a la seguridad, tema en que el Gobierno de Peña Nieto enfrenta críticas por no haber logrado los resultados esperados en cuanto a reducción de los índices delictivos, pese a las declaraciones optimistas de las autoridades.
Se espera que el informe destaque la reciente entrada en funciones de la Gendarmería, una división policial prometida por Peña Nieto durante su campaña electoral para presentar una alternativa a la estrategia militarizada contra el crimen organizado de su predecesor Felipe Calderón (2006-2012), del Partido Acción Nacional (PAN).
Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien prometió en campaña un retiro gradual de los militares de las tareas de seguridad pública que aún no se produce, aseguró en la presentación de la Gendarmería el 22 de agosto que su estrategia anticrimen ha permitido reducir los homicidios dolosos, los secuestros y las extorsiones de manera “sensible”.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, entregará el informe de Peña Nieto al Congreso, donde las siete fracciones parlamentarias fijarán las posturas al respecto.
