Las autoridades mexicanas deben intensificar los esfuerzos para localizar a los 43 estudiantes desaparecidos en el sureño estado de Guerrero y dar información fidedigna, coincidieron hoy diversas instituciones y analistas.
“Las investigaciones que realicen tanto el Gobierno federal y el de Guerrero, deben conducirse con estricto apego a la legalidad, con profesionalismo”, aseguró el presidente del Senado Mexicano, Miguel Barbosa.
Añadió que el Senado exige al Estado mexicano realizar un amplio esfuerzo para localizar a los 43 desaparecidos y evitar que tragedias como la de Iguala “se pierdan en notas de prensa, ineficiencia de las autoridades y ajustes de cuentas políticas”.
El 26 de septiembre pasado, policías municipales de Iguala atacaron a tiros a un grupo de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa (escuela que forma maestros rurales) lo que dejó seis personas muertas, 25 heridas y 43 estudiantes desaparecidos.
Tras los hechos las autoridades han arrestado a cerca de 40 personas entre esos 22 policías y a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos que participaron en los hechos.
Por su parte, la Fundación Internacional Baltazar Garzón expresó hoy su preocupación de que las investigaciones y la búsqueda de los desaparecidos “no se están realizando con la debida diligencia”.
El organismo civil indico que mientras no se tenga la certeza sobre su paradero “seguiremos exigiendo su presentación con vida” y lamentó que la información sobre las fosas clandestinas no se haya ofrecido de manera directa a los familiares y abogados, sino a través de los medios de comunicación.
Por otra parte, la Delegación de la Unión Europea en México se sumó hoy a las condenas contra los hechos violentos en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, como en los crímenes cometidos contra estudiantes en el municipio de Iguala en Guerrero.
La representación diplomática respaldó las declaraciones de las autoridades federales, en particular las del presidente Enrique Peña Nieto en las que asegura que “ante estos actos inhumanos no cabrá el más mínimo resquicio para la impunidad”.
Finalmente la oficina de la UE en México dijo que “confía en que las autoridades mexicanas llevarán a cabo una investigación exhaustiva en torno a estos actos de barbarie y que todo el peso de la ley recaerá sobre los responsables”.
Recientemente la Fiscalía federal informó del hallazgo de cuatro nuevas fosas clandestinas, que se sumaron a las primeras cinco, en las cuales se habían depositado los cuerpos de los estudiantes desaparecidos según confesión de uno de los presuntos delincuentes arrestados.
El Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, aseguró ayer que según los primeros peritajes algunos de los restos encontrados no corresponden a ninguno de los 43 estudiantes desaparecidos.
En respuesta, el Procurador federal de México, Jesús Murillo Karam, aseguró que no se ha identificado ninguno de los restos encontrados en las fosas clandestinas, por lo que no se descarta ni confirma que sean de los estudiantes desaparecidos en Guerrero.
Tras estas declaraciones controvertidas, el analista político y experto en estudios de opinión pública Federico Berueto explicó a Efe que “las autoridades no deben informar mientras no exista la certeza de la identidad de los restos humanos y es lamentable que se adelante información sin confirmar.
Berrueto afirmó que la prisa del Gobernador Aguirre “es explicable” para minimizar los hechos.
Aseguró que en el caso que se demuestre que hubo una matanza la posición del gobernador se vuelve insostenible y puede haber una consecuencia legal en su contra ante la gravedad de estos hechos, sin precedente en el país.
“No bastará con una simple renuncia del gobernador, sino que debe hacerse una investigación sobre la posible negligencia, pasividad o colusión, sobre todo si se prueba que tenía una relación estrecha y económica con el alcalde de Iguala, José Luis Abarca”, quien es buscado por la fiscalía, señaló Berrueto.
Este mismo día, unas 1.500 personas se manifestaron en la ciudad de Chilpancingo, capital de Guerrero, para exigir la localización con vida de los 43 estudiantes desaparecidos y para demandar la desaparición de poderes en Guerrero y destituir al gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Por su parte, el analista de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) Jorge Israel Hernández, dijo a Efe que la situación es más grave de cómo lo perciben las autoridades, pues los organismos internacionales de derechos humanos mantienen sus ojos puestos en México.
Afirmó que el hallazgo de restos humanos en fosas clandestinas revela la impunidad que existe en el país, y las autoridades tienen el deber de esclarecer la identidad de todas estas personas y castigar a los culpables.
El clamor en todos los sectores sociales no se centra solo en encontrar a los 43 jóvenes desaparecidos sino esclarecer todos los hechos, arrestar, castigar a los culpables y desmantelar a los grupos criminales que operan en ese estado.
