Dos mujeres que sobrevivieron a las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados mexicanos en junio y que están encarceladas bajo cargos de acopio de armas, son inocentes y deben ser liberadas de inmediato, consideró el presidente saliente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Raúl Plascencia dijo a la agencia The Associated Press que las dos mujeres no eran parte del presunto grupo criminal al que pertenecían los 22 muertos en una bodega de Tlatlaya, en el Estado de México. Según una investigación de la comisión ambas fueron torturadas y agredidas sexualmente por funcionarios estatales para que validaran una versión falsa dada por el ejército en el sentido de que hubo un enfrentamiento.
Plascencia, que el sábado deja su cargo como presidente del organismo, dijo que las dos mujeres eran prostitutas que fueron contratadas para acompañar a un líder del grupo al que conocieron en la bodega abandonada donde sucedieron los hechos el 29 de junio. El cabecilla del grupo, junto con otro hombre, logró escapar después de un tiroteo inicial que inició el ejército la madrugada del 30 de junio.
La detención de las mujeres constituye una violación de sus derechos humanos, dijo Plascencia, quien supervisó la investigación realizada por la Comisión sobre las supuestas ejecuciones extrajudiciales. El ejército originalmente dijo que los 22 sospechosos murieron en un prolongado intercambio de disparos.
“El único delito que habían cometido es el haber sido contratadas por personas para darles un servicio un día antes”, dijo Plascencia a The Associated Press que concluyó hace unos días que al menos 15 de las 22 personas habrían sido ejecutadas por soldados.
Inicialmente, el ejército aseguró que los 22 presuntos criminales, incluida una adolescente de 15 años, murieron luego de un enfrentamiento con soldados. Sin embargo, las dos mujeres, junto con una tercera sobreviviente que está libre, han declarado a las autoridades que la mayoría de los sospechosos se habían rendido y estaban desarmados cuando soldados les dispararon.
“Desde el punto de vista nuestro deben ser liberadas de manera inmediata, porque no tienen delito alguno”, dijo Plascencia. Ambas mujeres están detenidas en una prisión federal en el estado occidental de Nayarit, donde enfrentan un proceso por acopio de armas y posesión ilegal de cartuchos.
Ninguna de las dos mujeres ni sus abogados pudieron ser contactados por la AP.
La Procuraduría General de la República, que acusó a las dos mujeres, tiene la posibilidad de retirar cargos utilizando algunas figuras legales, como el desistimiento de los cargos y la presentación de conclusiones no acusatorias, algo que ha hecho en otras ocasiones.
Uno de los casos más relevantes en los que presentó conclusiones no acusatorias fue el del general retirado Tomás Ángeles Dauahare, a quien la Procuraduría le retiró en 2013 los cargos de vínculos con el cartel de los hermanos Beltrán Leyva luego de que se consideraran irregulares las acusaciones de testigos protegidos que llevaron a su detención en 2012.
Pero un vocero de la Procuraduría dijo el viernes que no tenía conocimiento de que se considerara retirar los cargos.
“Lo que haya dicho la comisión es una opinión particularísima”, dijo el portavoz Eduardo Zerón.
La detención en prisión de inocentes sería otra mancha en un caso que el reporte de la Comisión de Derechos Humanos concluyó que estuvo marcado por el encubrimiento de conductas ilegales por parte del ejército y de funcionarios de la Procuraduría del Estado de México, donde se localiza la municipalidad de Tlatlaya.
La Procuraduría General de la República también ha sido criticada por su lenta respuesta en investigar los asesinatos.
La Comisión de Derechos Humanos señaló que la Procuraduría del Estado de México presentó un reporte inicial en el que apoyó la versión inicial del ejército y dijo que algunos de sus funcionarios torturaron y agredieron sexualmente a las dos mujeres hoy detenidas. Ellas fueron golpeadas, pateadas, las intentaron sofocar con bolsas de plástico e, incluso, fueron amenazadas con ser violadas hasta que aceptaran decir lo que quería la procuraduría.
El ejército dijo en un comunicado inicial que sus soldados habían rescatado a las mujeres que estaban secuestradas, pero luego la Procuraduría las acusó de acopio de armas.
Esta versión comenzó a ser puesta en duda debido al resultado del supuesto tiroteo: el ejército dijo que sólo uno de los soldados fue herido.
Además, periodistas de la AP visitaron la bodega tres días después del incidente y encontraron pocas evidencias de que se hubiera librado un enfrentamiento prolongado: en las paredes había una serie de marcas de disparos a la altura del pecho de una persona, lo cual sugería que los tiros se habían hecho a corta distancia.
Y en septiembre, la tercera mujer que sobrevivió, dijo a la AP y a la revista Esquire Latinoamérica que sólo una persona murió en el enfrentamiento y que el resto se rindió y salió de la bodega con las manos en la nuca. La Procuraduría General no comenzó la investigación de las posibles ejecuciones hasta tres meses después del incidente y ya cuando se habían divulgado reportes periodísticos sobre las dudas en torno al caso.
Tras los reportes, el ejército detuvo a ocho militares bajo señalamientos de violaciones a normas castrenses y luego la Procuraduría presentó cargos ante un juez civil contra siete de ellos por acciones impropias de un servidor público. Tres también fueron acusados de homicidio. La comisión ha pedido que se amplíen las investigaciones a más militares y funcionarios que habrían estado involucrados luego del enfrentamiento y que se lleve a la justicia el caso de las mujeres que fueron torturadas y maltratadas.
Zerón dijo que la Procuraduría aún analiza las recomendaciones que hizo la Comisión de Derechos Humanos en su reporte fechado el 21 de octubre.
Al de Tlatlaya le siguió otro caso que ha afectado la imagen de mejoría en la seguridad que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha sostenido desde que asumió el poder en diciembre de 2012. En septiembre desaparecieron 43 estudiantes de magisterio luego de ser detenidos por policías municipales y luego entregados a sicarios del narcotráfico.
Los estudiantes aún están desaparecidos y el gobierno ha dicho que tres sicarios declararon haberlos matado e incinerado, aunque aún se realizan las pruebas de ADN para tratar de confirmarlo.
Estos ejemplos de abuso flagrante de autoridad han provocado la ira de los mexicanos a lo largo y ancho del país y han generado protestas en el país y el extranjero.
