El parlamento griego ha aprobado una ley que elimina las cárceles de máxima seguridad y reduce el número de presos a través de la rebaja de las penas, la puesta en libertad con condiciones y el arresto domiciliario en casos precisos.
La norma salió adelante en la noche del viernes con los votos del izquierdista Syriza y su socio de Gobierno, el nacionalista Griegos Independientes, mientras votaron en contra la conservadora Nueva Democracia, el socialdemócrata Pasok y el centrista To Potami (El Río).
La ley suprime las prisiones de alta seguridad, creadas tras la fuga en 2014 de un condenado por su participación en la organización terrorista “17 de Noviembre”, después de un permiso carcelario.
Incluye también la puesta en libertad de los condenados a penas menores de 5 años -con la condición de que hayan cumplido un quinto de su pena-, y reducciones drásticas de las condenas para los menores de edad.
Prevé asimismo el arresto domiciliario para los enfermos de VIH, los mayores de 75 años y los que padecen una discapacidad superior al 67 %.
Pueden ser excarcelados y puestos en detención domiciliaria también, los condenados a cadena perpetua con una discapacidad superior al 80 %, a condición de que hayan cumplido diez años de cárcel y puede que deban cumplir medidas adicionales como un brazalete electrónico, si lo decide la justicia.
Además, los drogadictos pueden aprovecharse de la reducción de penas y evitar la detención preventiva si piden participar en un programa de desintoxicación.
La disposición más polémica fue la que estipula la puesta bajo arresto domiciliario de los condenados a cadena perpetua, pues de ella se aprovechará incluso un condenado por su participación en la organización terrorista “17 de Noviembre”.
El portavoz de su grupo parlamentario, Kyriakos Mitsotakis, destacó que el arresto domiciliario de Savas Xirós -uno de los integrantes de esta organización que padece una discapacidad del 98 % y que está condenado a cinco cadenas perpetuas- “asimila el terrorismo con otras formas de acción política”.
“La puesta en arresto domiciliario de condenados a cadena perpetua con más del 80 % de discapacidad afecta a muy poca gente que no está en medida de desplazarse por sí sola”, destacó el ministro de Justicia, Nikos Paraskevópulos.
El ministro señaló que Grecia tiene que pagar indemnizaciones de dos millones de euros por once decisiones del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, a causa de las condiciones que padecen los presos en las cárceles del país.
En estos recintos están detenidos 12.900 personas, aunque su capacidad es para 9.886 presos.
Entre ellos hay 1.000 condenados a cadena perpetua, el número de condenados más alto de Europa, según el periódico Kathimerini.
Entre los demás detenidos, un 30 % están en detención preventiva, mientras un tercio de los condenados lo están por delitos relativos al tráfico de drogas, según el ministerio de Justicia.
La aprobación de esta ley ha estado precedida de gran polémica, pues durante casi veinte días un grupo de personas de ideología anarquista ocupó la Universidad de Atenas para exigir el cierre de las cárceles de máxima seguridad y en solidaridad con los presos de la organización anarquista “Núcleos de Fuego”.
La ocupación terminó este viernes con el desalojo pacífico por parte de la policía, que durante este periodo ha efectuado numerosas detenciones.
La ocupación de la Universidad ha generado, además, división de opiniones en el seno de Syriza sobre si se debía desalojar o no a los ocupantes y críticas al Gobierno por parte de la oposición, que pedía una intervención policial.
