Aún y cuando el consejo consultivo del Impuesto Sobre Nómina canceló la segunda acta irregular en la que la ex secretaria de Economía, Patricia Salinas Alatorre beneficiaba al joyero Daniel Espinoza, el Secretario de la Función Pública Guillermo Huizar Carranza aceptó que firmó el acta con la que se pretendía validar una operación ilegal.
Todos los consejeros, conscientes de la existencia de dos actas, dejan inválida la segunda; esto no quiere decir que esté cerrado el expediente, dijo Huizar Carranza, quien agregó que “por el lado del conflicto de intereses, se los digo con toda franqueza, no encontramos la forma de ubicar tales supuestos, pero si la intentona de utilizar un documento no válido puede ser motivo de una investigación autónoma, independiente”.
¿Usted firmó esa acta?
“Yo firmé la segunda acta y fui el primero que retiró la firma.
¿Porqué la retiró, secretario?
“Porque no tiene el mismo contenido. Son dos actas con tenido diferente. Esta es justamente el argumento que utilizó la Secretaría de la Función Pública para retirar la firma de su servidor, y luego argumentar ante el pleno del Fideicomiso de Impuesto sobre Nómina, que no podía prevalecer la segunda. Primero tomo una decisión personal y después invito a los miembros del comité para hicieran los propios y todos aceptaron”.
¿Entonces firmó el acta sin haberla leído?
“no tanto sin haberla leído, sino confiado en que tenía el mismo contenido de la primera. Al percatarme que eran contenidos diferentes aunque la consecuencia sea inocua, quedó totalmente invalidada a segunda”.
¿O sea que no la leyó antes?
Insisto, la leímos y nos percatamos de que tenía contenidos distintos, medimos las consecuencias. Era algo totalmente inocuo. De cualquier manera solicitamos el retiro del acta.
Cabe mencionar que el diario La Jornada Zacatecas documentó mediante una investigación periodística la existencia de dos actas de la sesión ordinaria 01/14 del Fideicomiso Público de Inversión y Administración derivado del Impuesto sobre la Nómina, que exhiben diferencias sustanciales para favorecer al joyero Daniel Espinoza, socio de la ex secretaria de Economía Patricia Salinas Alatorre, quien tenía un contrato millonario con el gobierno del estado.
