La Secretaría de la Función Pública (SFP) turnó a las contralorías internas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), la solicitud planteada por legisladores federales, para investigar actos de corrupción y aplicar las sanciones correspondientes, a las empresas constructoras de la Torre de Control del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), Aldesa y Epccor, que también están involucradas en el caso del Paso Exprés, informó el presidente de la Comisión Especial de seguimiento a la construcción de la nueva terminal, Rafael Hernández.
Asimismo, Hernández Soriano confirmó que de acuerdo a expertos y estimaciones técnicas reales, la construcción de la nueva terminal se retrasaría al menos, entre uno y tres años.
“Va a haber un atraso, cada vez hay mayor información respecto a que sí, el atraso puede ser por meses o por años. Han surgido primero conflictos de transportistas, hay una pelea entre sindicatos por quién se quedaba con la chamba de sacar y de meter el material al Aeropuerto que se atrasó en el segundo año varios meses”, dijo.
“Al Grupo Aeroportuario le hemos preguntado, hecho la pregunta así, directa y nos han dicho que van a tomar medidas para recuperar ese tiempo. Es decir, ya hay atraso” y las previsiones de los expertos que hace un par de días acudieron a un foro temático en la Cámara de Diputados, respecto a que el retardo se extendería más allá de un año e incluso llegar a tres años, son reales, insistió.
En entrevista, el legislador perredista detalló que las anomalías cometidas por las empresas referidas, deben ser investigadas y sancionadas incluso con el retiro de los contratos, lo anterior, de acuerdo a las leyes en materia de obras públicas.
El propósito, dijo, es impedir que la Torre de Control del NAICM, corra la misma suerte que el Paso Exprés de Cuernavaca, donde las fallas técnicas, de planeación y diseño generaron la aparición de un socavón en el que un vehículo cayó y finalmente, sus tripulantes murieron.
Agregó que la solicitud de intervención de los órganos internos de control, refiere al Paso Exprés, pero impacta en el tema el Aeropuerto, en tanto que el grupo constructor de la fallida vialidad, también tiene a su cargo la Torre de Control aeroportuaria.
El congresista detalló que la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Función Pública, le notificó sobre el envío formal de su denuncia a las contralorías señaladas.
Expuso que las autoridades encargadas, deben esclarecer si hubo “contubernio” entre la SCT y las constructoras del también llamado “Paso de la muerte”, cuyo precio se duplicó y cuyas obras se entregaron con retraso.
Al advertir que si las empresas señaladas no son penalizadas en los términos de la ley y no se les cancelan los contratos de construcción que aún ostenta, podría ocurrir otra tragedia como la del pasado 12 de julio y “por ello es indispensable que antes de avanzar en la construcción de la torre de control, se supervise lo que ha hecho el consorcio liderado por Aldesa”.
