Paula Rey Ortiz Medina, titular de la Secretaría de la Función Pública, compareció ante el Congreso Local como parte de la glosa del 2do informe de gobierno. Previo a su comparecencia, los representantes de las diferentes fracciones parlamentarias fijaron sus posturas en torno al trabajo realizado y otras cuestiones, a dos años de la actual administración.
En su posicionamiento, el diputado Omar Carrera Pérez, del Movimiento de Regeneración Naci9nal (Morena), dijo que el servicio público es en sí misma una alta responsabilidad, y subrayó que el servidor público está para servir y no para servirse de la sociedad.
“Lamentablemente vivimos días de deshonor marcados por un contexto donde la corrupción y la impunidad han caracterizado los pasados gobiernos estatales y el actual no es la excepción” agregó.
Añadió que en ese sentido, cobra relevancia la elección del pasado 1ro de julio, “donde la sociedad mexicana, insultada y cansada de tantos agravios, decido modificar de golpe el escenario del país y del estado”.
Omar Carrera aprovechó su intervención para recordar cómo, en la legislatura pasada, la bancada de Morena, a través de su conducto, solicitó “la remoción de la secretaria de la Función Pública Paula Rey Ortiz Medina, aquí presente”.
El diputado argumentó, que en su momento, Ortiz Medina, “formaba parte de un listado de funcionarios a quienes se les otorgó un bono especial durante la administración de Miguel Alonso”.
“Dicho bono en un lapso de tres años, dio un total de $1.8 millones de pesos, cantidad que recibió usted” enfatizó Carrera. Ante esto, el diputado asegura que la actuación objetiva e imparcial de Ortiz Medina, deja dudas.
En su comparecencia, la Dra. Paula Rey Ortiz Medina dio a conocer tres ejes, los cuales son los principales retos para la Secretaría a su cargo; transparencia e innovación gubernamental, combate a la corrupción y participación ciudadana.
En cuanto al primer eje, aseguró que las nuevas tecnologías de información y comunicación deben aprovecharse como herramienta estratégica para facilitar el acceso a la información.
La transmisión en vivo de 1753 licitaciones, difusión de calendario de licitaciones y minutas en internet, la corrección del proceso de registro de proveedores y contratistas del gobierno estatal, y el desarrollo de un sistema que identifica si las empresas a contratar están bien establecidas y al pendiente de sus obligaciones, son algunas de las acciones del primer eje.
Con respecto al segundo eje, el combate a la corrupción, estas son algunas de las siguientes acciones:
En este eje, se integraron 49 comités de ética, en ese tenor se capacitaron 4,250 servidores de cada una de las dependencias y entidades. Menciona la elaboración de 19 códigos de conducta, 30 talleres de autoevaluación y la creación de órganos internos de control.
Añadió que a la fecha, 17 dependencias estatales de la administración pública cuentan con un titular del órgano interno de control, quienes tienen facultad de prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción, así como de realizar evaluaciones para diagnosticar las situaciones de las dependencias.
Para la vigilia del buen ejercicio de los recursos, se realizaron 43 auditorías financieras, 17 realizadas por el órgano estatal de control y 26 en conjunto con la Secretaría de la Función Pública federal.
Detalló que en agosto iniciaron 6 auditorías, tres de obra pública y tres financieras, cuyo monto a auditar es de $2 mil 613 millones de pesos; en total se han fiscalizado más de $7 mil mdp, de los cuales el 66% corresponde a 11 programas, entre los que destacan FORTALECE, PRODERE, FORTAFIN, FORTASEG, SEGURO POPULAR, entre otros.
Con respecto al tercer y último eje, la secretaria de la Función Pública comentó, “el involucramiento ciudadano en el quehacer gubernamental, permite al órgano estatal de control, contar con un aliado en la vigilancia y el control de programas sociales y la ejecución e la obra pública”.
Detalló que durante el segundo año de gobierno, se suscribieron 26 planes de trabajo en materia de contraloría social, correspondientes a programas federales, y se validó la constitución de 317 comités de contraloria social, capacitándose a 728 beneficiarios de programas sociales y servidores públicos.
En cuanto a los programas estatales, “se suscribieron 7 planes de trabajo y se dio seguimiento a la constitución de 192 comités de contraloria social”.
“Para el ejercicio de 2019, habremos de impulsar la conformación de un mayor número de comités de contraloria social, ya que anteriormente solo se verificaba que los programas federales cumplieran con estas disposiciones en esa materia porque la normatividad estatal no contemplaba esa obligatoriedad”.
Añadió que el gobernador Alejandro Tello ha solicitado que los programas estatales también sean vigilados por los ciudadanos; “esta es una coyuntura política que no se debe de desaprovechar” puntualizó.
