Pedro de León Mojarro, ex titular de la Unidad de la Coordinación de Delegaciones de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), hoy Secretaría del Bienestar, se convirtió en el segundo imputado que libra en una semana un caso de la Estafa Maestra (el primero fue el exdirector de presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedatu), Francisco Báez Álvarez, quien autorizó la entrega de 185 millones de pesos de esta dependencia a una universidad pública mediante desvío de recursos públicos).
El excoordinador de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la administración de Rosario Robles no fue vinculado a proceso por uno de los convenios que firmó como parte del esquema conocido como La Estafa Maestra.
A través de dicho convenio, realizado con la Universidad Intercultural del Estado de México en 2015, la Sedesol entregó 124 millones de pesos para realizar levantamiento de cuestionarios para la Cruzada Nacional contra el Hambre en un millón de hogares.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR) determinaron sobrecosto en los servicios y acusaron a De León Mojarro de uso indebido de la función pública porque dicho convenio incumplió con la Ley de Adquisiciones.
Sin embargo, el juez Fernando Payá aceptó los argumentos de la defensa respecto a que el exfuncionario cumplió con los requerimientos previstos en la excepción a la Ley de Adquisiciones que prevé la contratación entre dos entidades de la administración pública, en este caso, la Sedesol y la universidad.
El juez Payá determinó que De León Mojarro cumplió con la normatividad correspondiente a su función y si hubo una contratación indebida, la responsabilidad era de la universidad.
En el convenio, la institución de educación se comprometió a cumplir con los servicios y no subcontratar más de 49%, como prevé la ley, aunque finalmente subcontrató con diferentes empresas más de 90%.
Con información de Reforma y Animal Político
