Con el fin de abonar al fortalecimiento de la justicia social en el país, la senadora Geovanna Bañuelos propuso garantizar la seguridad social para todos los trabajadores del campo, ya sean eventuales, estacionales o jornaleros.
Mediante una iniciativa que pretende reformar los artículos 279 y 284 de Ley Federal del Trabajo, y diversos artículos de la Ley del Seguro Social, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propone reducir a 425 el número de semanas laboradas que deben cumplir los trabajadores jornaleros para poder acceder al beneficio de cesantía por edad avanzada.
Además, propone incorporar el concepto de “trabajador eventual del campo” definiéndolo como aquél que, sin ser permanente, ni estacional, desempeña actividades ocasionales en el medio rural, que pueden ser por obra y tiempo determinado.
“Como sabemos, las personas que trabajan en el campo como jornaleros agrícolas se encuentran en graves condiciones de precariedad y vulnerabilidad. La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas señala que en México, las y los jornaleros agrícolas, junto con sus familias, están expuestos a múltiples abusos y violaciones a sus derechos humanos y laborales”, advirtió la legisladora.
En el documento que fue inscrito en la Gaceta del Senado, Geovanna Bañuelos detalla cómo la naturaleza temporal del trabajo que realizan los jornaleros agrícolas en México hace nugatorio el ejercicio del derecho a recibir beneficios por cesantía por edad avanzada.
“De acuerdo con la Ley del Seguro Social existe cesantía en edad avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados a partir de los sesenta años. Pero para poder gozar de las prestaciones de este ramo se requiere que el asegurado tenga reconocidas ante el IMSS un mínimo de mil cotizaciones semanales” explicó Geovanna Bañuelos.
Lo anterior, hace casi imposible que los trabajadores del campo puedan acceder a este derecho, dada la estacionalidad inherente a su trabajo.
Actualmente en México no existe certeza sobre el número de personas que trabajan
como jornaleros agrícolas, sin embargo, se estima que las cifras rondan los seis millones de personas dedicadas a las tareas agrícolas en las regiones productivas del país.
Todos ellos están expuestos a violaciones como irregularidades en el pago de sus
salarios, jornadas laborales superiores a las ocho horas e incluso condiciones de explotación.
Sólo el 3% de los trabajadores cuenta con un contrato de trabajo escrito, dejando a la inmensa mayoría en la informalidad, sin acceso a prestaciones de ley ni a seguridad social.
Por ello, se plantea que los patrones de jornaleros agrícolas estén obligados a entregar a las autoridades el registro al inicio de la estación o del ciclo agrícola de producción y actualizará dicho registro al final de la estación o ciclo agrícola.
Y que las autoridades ejercerán atribuciones de inspección y vigilancia de manera periódica, mediante visitas ordinarias y extraordinarias a los lugares donde los trabajadores estacionales ejecuten su trabajo, así como a los espacios de vivienda para verificar el cumplimiento de los derechos sociales y laborales de las personas jornaleras agrícolas y sus familias.
“En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo queremos visibilizar y atender las grandes problemáticas de las y los trabajadores del campo. Su labor es el pilar sobre el que descansa el devenir de nuestras vidas, es tiempo de que la justicia social se haga realidad”, concluyó Geovanna Bañuelos.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, para su análisis y posterior dictamen.
