La senadora petista, Geovanna Bañuelos, afirmó que la reforma en materia de concesiones mineras y de agua es el instrumento legal más importante, trascendente y de gran calado de los últimos 31 años, porque recupera la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos.
Destacó que las concesiones se reducen de 50 a 30 años y podrá haber una prórroga de 25 años más, siempre y cuando no incurra en causal de cancelación.
La legisladora estableció que dicha Ley comprende “el establecimiento de nuevas causales para cancelar las concesiones como: riesgo inminente al equilibrio ecológico o deterioro irreversible a los recursos naturales; no contar con concesión de agua; no realizar dos pagos consecutivos de contribuciones”.
También comprende no enviar informes estipulados por la ley; no iniciar los trabajos en el plazo de un año a partir de la asignación de la concesión; no presentar el Plan de Cierre de la Mina.
Bañuelos de la Torre celebró la aprobación de la reforma a diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
La presidenta de la Comisión de Minería destacó que el objetivo es establecer en la legislación que ninguna actividad económica puede estar por encima del interés general de garantizar el derecho humano de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
Geovanna Bañuelos explicó que con los cambios se elimina el carácter preferente de las actividades mineras sobre cualquier otro uso o aprovechamiento de terrenos; y se elimina la posibilidad de expropiar terrenos en favor de particulares para la explotación minera.
Además, elimina la posibilidad de realizar actividades de exploración y explotación minera en áreas naturales protegidas y de minería submarina, así mismo, se desaparece la figura de terreno libre, evitando que se soliciten concesiones en cualquier parte del territorio nacional.
“Las empresas mineras deberán realizar y pagar una consulta indígena bajo los lineamientos de ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, con el fin de obtener su consentimiento previo al otorgamiento de un título de concesión”, detalló.
Asimismo, enfatizó que para garantizar la justicia social e impulsar el desarrollo sustentable, se obliga a otorgar el 5% de la utilidad neta a las comunidades y será la Secretaría de Economía la encargada de regular la asignación de estos recursos.
Entre los cambios más importantes de la reforma, Geovanna Bañuelos resaltó la prioridad del suministro de agua para consumo humano y doméstico en el otorgamiento de concesión de agua.
“En esta nueva disposición se incluye un plan de trabajo para el cierre ordenado de las minas para que se lleve a cabo la reparación, restauración y remediación de los impactos ambientales ocasionados, así como diversas disposiciones financieras para que las empresas se hagan responsables en la reparación, restauración, rehabilitación o remediación cuando concluya la actividad minera”, detalló.
