Docentes universitarias demandan a las autoridades que en la UAZ, los agresores sexuales no sean beneficiados procedimentalmente con una salida alterna, porque no generan antecedentes penales, y no se puede apelar a que se incluyan en el padrón de agresores.
En un desplegado dirigido a la Fiscalía General de Justicia, a la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mueres por Razones de Género y al rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el colectivo hace un llamado a las instancias encargadas de procurar justicia, a actuar con rigor en contra de aquellos que tienen denuncia fundada por ejercer violencia en todos los tipos y modalidades contra mujeres de la comunidad universitaria.
Argumentan que es sumamente cuestionable y preocupante que a los agresores, la autoridad les ofrezca una salida alterna, como si fuera un delito de menor gravedad, cuando el impacto en las víctimas es tan grande.
Al respecto se añade que los efectos trastocan la vida, el impacto psicoemocional es alto, y los episodios de miedo y ansiedad les impiden seguir con el desarrollo de sus actividades de manera cotidiana.
Por otro lado destacan que cuando se atreven a denunciar se enfrentan a la revictimización, al cuestionamiento, a las dilaciones procesales que las colocan en una incertidumbre constante, al grado de llegar a concebir que denunciar es un error, porque la justicia no es pronta ni expedita y lo que encuentran son beneficios para el agresor.
Enfatizan que los beneficios para los agresores “impacta al interior de nuestra institución universitaria, al tener una excusa para no sancionarlos, trayendo como consecuencia más impunidad y dejando en la indefensión a as víctimas, expuestas a una serie de revictimizaciones y cuestionamientos a merced de los violentadores”.
El Grupo de Acompañamiento a las Mujeres de la Comunidad Universitaria, se pronuncia en el documento “por que los procesos se realicen con perspectiva de género, y otros enfoques de violencia de género y discriminación estructural, poniendo al centro a la víctima y al impacto psicoemocional y físico”.
Demandan “dar garantía y protección a su derecho de acceso a la justicia, reparación integral el daño, no repetición del hecho y recuperación de su proyecto de vida”.
Añaden que “Las sanciones justas nos permitirán hacer la exigencia al interior delas instituciones educativas de que los agresores estén fuera y sean sancionados también administrativamente como corresponde, para garantizar que las niñas, adolescentes, jóvenes y la totalidad de mujeres universitarias se desarrollen en espacios seguros y libres de violencia”.
