Saúl Alfonso Hurtado
El nerviosismo llegó a los inversionistas y ahorradores de las instituciones bancarias CIBanco e Intercam, una vez que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió acusaciones por facilitar operaciones de lavado de dinero contra tres instituciones mexicanas: CIBanco que preside por Jorge Rodrigo Rangel de Alba Brunel; Intercam presidido por Mario Eduardo García Lecuona Mayeur y Vector Casa de Bolsa, cuyo dueño Alfonso Romo, fue funcionario en el gobierno de López Obrador.
Por lo pronto, la Secretaría de Hacienda informa que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha iniciado un proceso de intervención oficial a estas instituciones a fin de investigar estas presuntas irregularidades además de salvaguardar los derechos de los ahorradores e inversionistas.
Los clientes entraron a un estado de pánico y estrés por una posible pérdida de su dinero. Ante ello, buscan la forma de poder retirar sus recursos de inmediato.
Los especialistas señalan que existen dos escenarios:
- Primero, la pérdida de confianza en dichas instituciones y el consecuente retiro de su capital, por miedo a que los bancos acusados terminen en quiebra y pierdan su dinero.
- Segundo, los ahorradores pueden continuar con sus operaciones bancarias de manera normal, ya que la investigación a dichos bancos, incluyendo la casa de bolsa, no es rápida, se puede llevar varias semanas.
Analistas detallan que si estalla la crisis y CIBanco o Intercam caen en insolvencia, las leyes financieras mexicanas establecen que el Instituto Para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) entraría al rescate por recursos que sumen 400 mil Udis, que –al precio actual– cubren hasta 3 millones 400 mil de pesos del capital.
Apuntó que, todos los clientes con inversiones menores o que no rebasen dichas cantidades, deberán esperar a que el IPAB fije las reglas para la devolución de sus ahorros, fechas y sistemas de pago correspondientes.
Hasta este momento CIBanco e Intercam no están declarados en quiebra. Esperemos como evoluciona la intervención financiera que decretó la Secretaría de Hacienda, para solventar el caso.
