Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez
Dicen que en Zacatecas se vive de la minería, del turismo… y del talento ajeno. Porque aquí, al creador cultural se le trata como al burro de la feria, adorno útil, simpático, pero reemplazable, y a ser posible, sin sueldo. Y lo más grave, con el respaldo institucional del silencio.
Pero una sentencia vino a ponerle punto final, o al menos un pie en el cuello, a esa costumbre tan mexicana de usar sin pagar, difundir sin permiso y apropiarse con aplausos. Me refiero al caso del artista Javier Félix Ortiz, autor del escudo oficial del municipio de Jerez, Zacatecas, quien —después de una batalla que hubiera hecho llorar al mismísimo Don Quijote— logró que se le reconociera su derecho a recibir regalías por el uso constante y oficial de su obra.
El municipio, con esa destreza legal digna de una oficina de copias, alegó que no estaba obligado porque, bueno, “el escudo ya es parte de todos”, como si el arte fuera una piñata rota y no una creación protegida. Pero el Instituto Nacional del Derecho de Autor, respaldado por sentencia judicial firme, les recordó algo elemental, el derecho moral y patrimonial del autor es irrenunciable y exige retribución cuando su obra se explota públicamente.
La sentencia es clara y, sobre todo, valiente. Reconoce que la obra del autor no pierde su paternidad por estar en un edificio público, en un membrete o en una página web gubernamental. No es “del pueblo” en el sentido tropical y festivo que tanto le gusta a la administración, es del autor, y si se usa, se paga. Punto.
Esto no es solo una anécdota judicial. Es jurisprudencia moral. Porque en un país donde los derechos culturales están consagrados en la Constitución (artículo 4º, para quienes aún saben leerla) y en tratados internacionales o la Convención de la UNESCO de 2005, el mensaje es contundente, no hay acceso a la cultura sin dignidad para el creador.
El derecho de autor no es una dádiva ni un gesto romántico. Es una expresión jurídica de justicia elemental. Cuando un municipio presume un escudo que no pagó, está robando.
Cuando un gobierno publica una obra sin licencia, está vulnerando derechos humanos. Y cuando se despide a un promotor cultural o a una artista sin más razón que “ya no nos es útil”, se está atacando la médula de un derecho fundamental, la libertad creativa como forma de existencia.
Lo jurídico aquí no es accesorio, es estructural. Porque el respeto al creador no solo se mide en homenajes, sino en transferencias bancarias. Se paga porque se reconoce. Y se reconoce porque el arte es lo que hace a una sociedad más humana, más libre y, paradójicamente, más justa.
Moraleja: Un gobierno que se adorna con la obra de sus artistas sin pagarles, no merece escudo. Merece una demanda… y quizá un nuevo escarnio público, el del juicio de la historia.
