La diputada Lyndiana Bugarín oresentó dos iniciativas, una para evitar y sancionar el “halconeo” y otra para castigar a quien haga uso indebido de la voz mediante inteligencia artificial.
La diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés dio a conocer la iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se adiciona el artículo 227 al Código Penal del Estado de Zacatecas, y establecer que, se impondrá pena de uno a cuatro años de prisión y multa de trescientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien, sin consentimiento expreso de la persona afectada, produzca, imite, manipule, reproduzca o difunda la voz de otra persona mediante sistemas, programas, algoritmos o cualquier técnica de inteligencia artificial.
En la exposición de motivos, la legisladora promovente destacó que esta iniciativa, responde a una demanda social urgente, al tiempo que fortalece el marco normativo penal, dota de herramientas claras a las autoridades investigadoras y judiciales, y protege los derechos de las y los zacatecanos en el entorno digital.
Sanción al “halconeo”
Asimismo la legisladora Bugarín Cortés, dio a conocer también la propuesta para adicionar al artículo 148 bis la fracción VIII al Código Penal del Estado de Zacatecas, con el objetivo de establecer claramente que comete delito quien instale, utilice, opere o administre cámaras de videovigilancia, sistemas tecnológicos o cualquier medio de monitoreo con la finalidad de advertir o alertar sobre la ubicación y acciones de las instituciones de seguridad pública, procuración y administración de justicia, con el propósito de obstaculizar su labor.
Esta reforma, asegura la promovente, representa una respuesta concreta a la demanda social de reforzar la seguridad y reducir la violencia en Zacatecas, ya que, con esta medida, el Estado envía un mensaje claro, no habrá tolerancia para quienes, directa o indirectamente, colaboren con la delincuencia organizada mediante el uso de herramientas tecnológicas. Además, se busca desalentar el fenómeno del halconeo, que se ha convertido en una pieza clave para el funcionamiento de estructuras criminales en diversas regiones del país.
