Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez
Cada año llega el 8 de marzo y reaparece la misma discusión. Hay quienes preguntan por qué las mujeres marchan, por qué gritan, por qué pintan consignas en las paredes. Como si el problema fuera el ruido de la protesta y no el silencio que la provocó.
Lo curioso es que muchas de las leyes que hoy existen en México nacieron precisamente de esa incomodidad social; durante mucho tiempo la violencia contra las mujeres fue tratada como un asunto privado, doméstico o exagerado. El derecho, tan orgulloso de su racionalidad, simplemente miraba hacia otro lado, no porque la violencia no existiera, sino porque nadie había logrado convertirla en un problema jurídico imposible de ignorar.
Con los años algo cambió, la presión social empezó a abrir grietas en la ley, así aparecieron reformas que hoy llevan nombres de mujeres. La Ley Olimpiareconoce y sanciona la violencia digital y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. La Ley Ingrid castiga a los servidores públicos que filtren imágenes o información de víctimas de feminicidio. La Ley Sabina busca obligar el cumplimiento de la pensión alimenticia para quienes abandonan esa responsabilidad. La Ley Malena tipifica los ataques con ácido como una forma grave de violencia contra las mujeres. La Ley Monzón permite retirar la patria potestad a quienes asesinan o intentan asesinar a la madre de sus hijos. Y la llamada Ley Valeria busca sancionar el acecho persistente que muchas mujeres sufren como acoso.
No son simples reformas legislativas, son el resultado de años de denuncia, organización y presión social. En otras palabras, el derecho no despertó solo, lo despertaron por quienes tomaron las calles.
Pero aquí aparece la parte incómoda de la historia, pues a pesar de esas leyes, la realidad sigue mostrando algo que no cabe en los discursos oficiales. En México continúan desapareciendo mujeres, los feminicidios siguen ocurriendo, el acoso laboral y sexual sigue siendo parte de la experiencia cotidiana de muchas trabajadoras. Y muchas víctimas todavía enfrentan instituciones que dudan, minimizan o simplemente no escuchan.
Esa distancia entre la ley y la realidad explica, mejor que cualquier debate ideológico, por qué cada 8 de marzo miles de mujeres salen a marchar.
Marchan porque la ley existe, pero no siempre se cumple. Marchan porque muchas veces el sistema reacciona cuando la tragedia ya ocurrió. Marchan porque la justicia, en demasiadas ocasiones, llega tarde.
El derecho tiene una peculiaridad, los códigos se escriben con tinta negra y foto legislativa; en la vida real se escribe con experiencias humanas, con dolor, con indignación y con lucha social; por eso el 8 de marzo no es una celebración simbólica ni una fecha para discursos complacientes. Es un recordatorio incómodo de que los derechos no se regalan por quienes están en el Poder. Se conquistan, se defienden y, cuando es necesario, se exigen en la calle.
La moraleja es sencilla, aunque a algunos no les guste escucharla. Las marchas no existen porque las mujeres no tengan derechos; existen porque todavía hay demasiadas razones para exigir que esos derechos se cumplan.
