Ante el silencio de diputados sobre los criterios para la designación de la nueva titular de la Auditoría Superior del Estado, pensionados y jubilados del ISSSTEZAC promovieron tres juicios de amparo indirecto en contra del proceso de designación, los cuales fueron presentados formalmente ante la Oficialía de Partes de los juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas.
Como previamente se informó en los medios de comunicación, fueron enviados diversos escritos a diputadas y diputados de la LXV Legislatura local, en los que se solicitó que esclarecieran los criterios de transparencia, objetividad y valoración utilizados en sus votaciones, así como si evaluaron de manera anticipada posibles impedimentos, excusas y conflictos de interés relacionados con la persona finalmente designada; sin embargo, dichas solicitudes no fueron contestadas.
El despacho del abogado Jorge Rada dio a conocer que “los promoventes e interesados son jubilados y pensionados del ISSSTEZAC, quienes cuentan con interés legítimo y directo derivado de las afectaciones estructurales que dicha designación genera al sistema de vigilancia, fiscalización y rendición de cuentas del propio Instituto, particularmente en relación con la Comisión de Vigilancia del ISSSTEZAC y los mecanismos institucionales encargados de supervisar el manejo de los recursos públicos y el cumplimiento de las obligaciones legales del organismo”.
Destaca en un comentario en sun red social que “la persona hoy designada participó previamente como autoridad responsable en miles de juicios promovidos por jubilados y pensionados relacionados con el pago de aguinaldos y otras prestaciones, lo que coloca en evidencia un conflicto estructural de funciones y un problema objetivo de imparcialidad institucional, particularmente al integrarse la Auditoría Superior del Estado a los mecanismos de vigilancia y fiscalización del ISSSTEZAC, incluida la propia Comisión de Vigilancia del Instituto”.
El juicio de amparo plantea, entre otros aspectos, la ausencia de garantías suficientes de independencia, objetividad y neutralidad institucional; la afectación al régimen estatal y nacional anticorrupción; la posible distorsión del sistema de responsabilidades administrativas; y la necesidad de preservar la confianza pública en los órganos encargados de fiscalizar el ejercicio del poder.
Destaca que “No se trata de un asunto personal contra la persona designada. La discusión es estrictamente constitucional, institucional y de interés público.
Lo que se encuentra en juego es la integridad del sistema de fiscalización y combate a la corrupción en Zacatecas, así como la necesidad de evitar redes estructurales de control político sobre órganos que constitucionalmente deben actuar con autonomía e imparcialidad”.
“Confiamos en que los Juzgados de Distrito actuarán con plena independencia, profesionalismo y objetividad en el análisis de la demanda presentada, garantizando que el juicio constitucional se resuelva conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y tutela judicial efectiva”, apunta.
Finalmente “se precisa que días pasados al abogado Jorge Rada Luevano le fueron dictadas medidas de restricción por parte de la Fiscalía, situación que genera preocupación al considerar que dichas medidas podrían traducirse en restricciones indebidas y afectar el ejercicio pleno de la libertad de expresión y del debate público. Este contexto será igualmente revisado y combatido por las vías legales correspondientes, al existir indicios preocupantes sobre el posible uso faccioso de instituciones públicas en favor de determinadosi sectores políticos y estructuras de poder”.
