Por Juan Gómez
Las corporaciones de las policías municipales de Zacatecas terminaron el año 2021 con un promedio de tres policías asesinados por mes, mientras que en el arranque del 2022, en tan solo una semana, fueron ejecutados siete elementos.
La cifra y el seguimiento al comportamiento de la violencia en el estado, nos muestra un predominio de la delincuencia organizada sobre las corporaciones de seguridad estatal y federal, sobre todo si tomamos en cuenta que en Zacatecas prevalecen elementos del Ejército Nacional y de la Guardia Nacional.
El discurso oficial tanto de la federación como el estatal, se esmeran en posicionar que el comportamiento de los homicidios dolosos, van a la baja, pero lamentablemente los hechos de impacto que vivimos día a día, nos evidencian la supremacía de las células criminales sobre la capacidad de fuerza del Estado.
La ejecución de los elementos policíacos de los municipios de Zacatecas y Fresnillo, es una clara muestra del trabajo de inteligencia que realiza la delincuencia organizada, puesto que han sido operaciones quirúrgicas, impecables, en las que cumplieron su objetivo de una forma profesional y no existe ningún detenido.
El presidente López Obrador y el gobernador David Monreal señalaron por separado que el comportamiento de los homicidios dolosos en Zacatecas, van a la baja, pero los hechos muestran lo contrario.
La numeralia es devastadora con el discurso oficial. El año pasado se cometieron aproximadamente 1,500 asesinatos y solamente se generaron sentencia a 100 homicidas, lo que es una clara muestra de impunidad y de una gran incapacidad institucional en la aplicación de la justicia.
El año pasado Zacatecas se colocó entre las entidades federativas de mayor incidencia en el asesinato de policías, solo por abajo de Guanajuato y el Estado de México.
Secretario y Fiscal bajo presión
En este escenario de agresiones criminales en contra de los elementos policiacos el secretario de Seguridad Pública del gobierno estatal, general Adolfo Marín Marín, ha guardado un sepulcral silencio.
Con apenas 56 días de haber asumido el cargo de Secretario de Seguridad Pública, el general Adolfo Marín Marín ha sido rebasado por los hechos.
En el lapso que ocupa, a partir del 19 de noviembre, la responsabilidad de combatir la violencia en el estado, ha sido plenamente superado por los acontecimientos.
Por ello llama la atención que la senadora Soledad Luévano Cantú demandara la semana pasada la destitución del fiscal, Francisco José Murillo Ruiseco, ante la ola de violencia que se vive en el estado, pero sin tocar en lo mínimo, la omisa actuación del secretario de Seguridad Pública.
La senadora, brazo político del monrealismo, demanda la destitución del Fiscal General de Justicia, Francisco Murillo Ruiseco, a quien se le disminuyó sensiblemente el presupuesto público para el ejercicio 2022, pero ha preferido guardar silencio, no protestar, no demandar mejores condiciones para combatir al delito en el estado, porque su posición es muy vulnerable, por la grotesca intromisión y violación del gobernador en la esfera de la autonomía y de la independencia del órgano investigador y perseguidor de delito.
Pero lo que algunos no entienden es que el mandatario estatal está tan débil que, con menos de dos meses, el secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín, ya debería haber sido destituido del cargo por evidente incapacidad para frenar la ola de violencia en el estado.
Tanto el anterior secretario Arturo López Bazán como el actual, Marín Marín, fueron designados a propuesta de la Secretaría de Seguridad Publica y Protección Ciudadana del gobierno federal.
A partir de los gobiernos de Miguel Alonso (PRI), Alejandro Tello (PRI) y el actual, David Monreal (MORENA), los secretarios de Seguridad Pública en el estado han sido designados por el gobierno federal en turno, pero ello no ha sido una medida que disminuya la violencia en el estado. Todo lo contrario.
Ciertamente el gobernador Alejandro Tello Cristerna dejó una situación que pendía de alfileres en Zacatecas, pero David Monreal se los quitó, y hoy, los zacatecanos y zacatecanas sufren las consecuencias de los errores de los dos últimos gobernantes.
Tello Cristerna no invirtió en materia de seguridad pública como lo hizo Miguel Alonso, probablemente porque recibió también un estado desvencijado, con una deuda pública que provocó una “asfixia” financiera, pero David Monreal está peor, en menos de cuatro meses, ha sumido al estado en una crisis sin precedente.
Cada vez el discurso es más contradictorio y cada vez más evidente la carencia del apoyo presidencial hacia el estado.
Discurso y realidad avanzan lejanos, distantes, mientras las ejecuciones en contra de policías se suceden de manera vertiginosa y alarmante, sin que el estado y la federación puedan contener este salvaje avance.
Lo que en Zacatecas vemos y vivimos, es una gran incapacidad institucional para enfrentar al crimen organizado, lo que ahondará la crisis de violencia en el estado.
Al tiempo.
@juangomezac
