Para frenar la corrupción que impera en el país, es necesario tomar medidas más radicales que conduzcan a que la sociedad confié en los servidores públicos; la corrupción se ha convertido en un cáncer eterno que debe llegar a su fin”, sostuvo David Monreal Ávila, al presentar una iniciativa de ley para blindar las elecciones y evitar así la infiltración del crimen organizado.
De acuerdo a los señalamientos del documento “Índice de Percepción de la Corrupción 2014, Enfoque para México”, elaborado por Transparencia Internacional, México se ubicó en el lugar número 103 de un listado de 175 países, al obtener una puntuación de 35 sobre 100, en una escala que va de cero.
Por ende, dijo el senador, no es aventurado asegurar que no hay resultados tangibles que demuestren la disminución de este malestar social, que afecta a todo el país. No existe una institución pública fuerte que realmente se encargue de la aplicación en materia de prevención y combate a la corrupción de las políticas públicas; de lo contrario no se tendrían las cifras antes mencionadas, los niveles de corrupción del país lejos de disminuir, han aumentado en los últimos años.
México necesita en materia anticorrupción, realmente un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que no esté subordinado a ningún poder público mucho menos a un partido político, esto sería una avance en el combate a la corrupción, sin embargo, presentan una Fiscalía anticorrupción subordinada al Ejecutivo Federal.
Mientras tanto, la corrupción ha llegado a niveles inimaginables, muestra de ello es que en el estado de Michoacán hay 224 servidores públicos detenidos durante los últimos 10 meses, de los cuales tres ex secretarios de primer nivel, seis presidentes municipales, un tesorero y dos síndicos, así lo dio a conocer el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de esa entidad federativa.
Lo anterior es una radiografía de lo que sucede en el país, es innegable que poco a poco el crimen organizado ha ido penetrando en la esfera política, pues a los sucesos de Michoacán se deben sumar el Presidente Municipal de Iguala de la Independencia, en Guerrero, quien tiene nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos, quienes en contubernio con la policía municipal de dicho Ayuntamiento desaparecieron a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y le quitaron la vida a 6 personas más, dichos sucesos se llevaron a cabo el 26 de septiembre de 2014.
La corrupción les cuesta a los mexicanos dos puntos del Producto Interno Bruto. Más de 300 mil millones de pesos por año. Es el 7% del presupuesto de egresos de la Federación de este año. Es el equivalente a doce veces el presupuesto total del estado de Zacatecas para este año, que es de 24 mil 308 millones de pesos.
La corrupción forma una cadena destructiva, la cual está compuesta por impunidad, inseguridad, desconfianza económica y falta de inversión, el desempleo, la pobreza, la violencia. Al respecto, el Banco de México mencionó que “los recientes acontecimientos sociales en el País podrían deteriorar los niveles de confianza de los agentes económicos, locales y extranjeros, con su consecuente efecto adverso sobre la inversión”.
También advierte de turbulencias económicas próximas por la baja del precio del petróleo y por la salida de capitales extranjeros que provocará la inminente subida de tasas de interés en los Estados Unidos en las próximas semanas. Es decir, se aproxima una tormenta donde se combinan malestar social y deterioro económico, y se agregaría un tercer factor: un año electoral muy competido.
El problema de la corrupción en México es estructural, en este sentido para enfrentar este problema no basta las buenas intenciones, sino una estrategia integral que vaya a la raíz de este problema.
Por eso es importante implementar mecanismos efectivos de rendición de cuentas y transparencia, así como identificar buenas prácticas y experiencias exitosas de control de la corrupción en los sectores público, privado y social que puedan generalizarse y replicarse en toda la nación.
Una solución es el blindar las elecciones para ocupar un cargo de elección popular de la intromisión del crimen organizado y del lavado del dinero, esto se llevaría a cabo certificando a todos y cada uno de los candidatos a representante de elección popular.
La propuesta es sencilla y concisa, adicionar una fracción al artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que sea un requisito de quienes deseen registrarse como candidato someterse a pruebas de confianza, como son exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos, socioeconómicos, de aptitud y capacidad, dichas pruebas deberán contar con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación y del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, según sean sus facultades.
Las evaluaciones de confianza deben estar basadas en principios y valores sólidos, los cuales, deben estar certificados por instituciones fuertes y fundadas en un marco legal que permite la incorporación de los candidatos más capaces y apegados a los principios democráticos del país. Sólo así se podrá fortalecer los niveles de profesionalización de los representantes de elección popular al mismo tiempo de otorgar confiabilidad a los ciudadanos.
Las actuales condiciones con las que se enfrenta México demandan comicios con un proceso riguroso de evaluación, a fin de evitar que integrantes del crimen organizado accedan al poder público, pues como se ha demostrado esto ha venido sucediendo en el país sin que nadie logre detenerlos.
Con una evaluación de confianza previa, antes de que inicien sus encargos los representantes de elección popular, se tendrá procesos electorales sistematizados, es decir, será un infiltro que deberán pasar los candidatos, se tendrán funcionarios con gran credibilidad, eficacia, eficiencia y operatividad para con la sociedad.
Por otra parte, con los controles de confianza, los candidatos no podrán financiar sus actividades de precampaña y campaña con recursos ilícitos, y no podrían violar los topes de gastos de campaña.
México debe contar con funcionarios de elección popular que destaquen por ser confiables, alejados de la corrupción, con una visión de servicio y cuyo perfil corresponda a los requerimientos del puesto y valores institucionales.
Finalmente, los exámenes de control y confianza se deben extender a todos los servidores públicos, pues actualmente difícilmente algún funcionario puede garantizar su honradez por medio de su palabra; pues para frenar la corrupción que impera en el país, es necesario tomar medidas más radicales que conduzcan a que la sociedad confié en los servidores públicos y que estos actúen siempre por el bien común y en caso contrario que sean separados de su encargo.
