Un juez de la ciudad de Chicago emitió una orden válida en todo Estados Unidos para evitar que el gobierno federal pueda retener recursos a las llamadas ciudades santuarios, como se denomina a las que protegen a inmigrantes sin documentos.
La decisión del juez Harry Leinenweber significa que el gobierno de Donald Trump tiene que seguir otorgando recursos a las ciudades santuario hasta que termine el proceso legal que determine si la política de detener fondos es válida legalmente.
La orden judicial sucedió luego de que Chicago demandó al procurador general Jeff Sessions por haber anunciado que las ciudades santuarios perderían recursos federales para combatir el crimen si no cooperan con las autoridades federales en materia de migración.
“El tribunal concluye que la ciudad ha establecido que sufriría un daño irreparable si no se introduce un fallo preliminar”, destacó Leinenweber. El fallo, agregó, “tiene alcance nacional” y “no hay razón para pensar que las cuestiones legales presentes en este caso están restringidas a Chicago”.
Leinenweber escribió que Sessions excedió su autoridad al decirle a una ciudad cómo utilizar sus recursos policiales.
“Esto no es sólo una victoria para Chicago. Esto es una victoria para las ciudades de Estados Unidos que apoyaron nuestra demanda contra el Departamento de Justicia de Trump defendiendo nuestros valores”, expresó el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, en un comunicado.
Las ciudades son consideradas santuarios cuando evitar compartir con autoridades migratorias federales información sobre personas indocumentadas que cometen faltas que no son graves.
Estas ciudades asimismo se niegan a mantener detenidos a inmigrantes indocumentados para entregarlos al gobierno federal si no existe una orden judicial que así lo requiera.
De acuerdo con lineamientos que pretender imponer Sessions, las ciudades que aspiren a mantener fondos del gobierno federal deben informar a las autoridades migratorias cuando un migrante haya cumplido su sentencia por un delito menor a fin de que inicie su juicio de deportación.
Autoridades de varias ciudades han señalado que esa política convertiría a las policías locales en parte de la fuerza federal de deportación, lo que dañaría la confianza de la comunidad y principalmente de los inmigrantes en las autoridades.
En ese sentido, Leinenweber también estuvo de acuerdo con la afirmación de Chicago de que la confianza entre la policía y la comunidad podría sufrir como resultado de las restricciones, diciendo que ese daño “es especialmente difícil de rectificar”.
