El gobierno español requirió este miércoles formalmente al de la región autónoma de Cataluña si su presidente, Carles Puigdemont, declaró ayer la independencia durante una sesión parlamentaria, antes de decidir si toma medidas legales, explicó el jefe del ejecutivo, MarianoRajoy.
En función de su respuesta, el Gobierno español aplicará el artículo 155 de la Constitución, que otorga al Gabinete la facultad de asumir directamente funciones desempeñadas por las autoridades regionales, agregó en una declaración institucional ante la prensa.
El Consejo de Ministros aprobó este miércoles el requerimiento en una reunión extraordinaria, después de que Puigdemont afirmara en el Parlamento regional que asume el “mandato del pueblo” catalán en el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre para que “Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república”.
Sin embargo, seguidamente propuso “suspender los efectos de la declaración de independencia” para abrir la puerta al diálogo.
A juicio de Rajoy, el discurso de Puigdemont supone una “deliberada confusión” que es necesario aclarar.
Así, precisó que el requerimiento es previo a cualquiera de las medidas que se puedan adoptar al amparo de las medidas constitucionales y, de ese modo, ofrecer a los ciudadanos claridad y “seguridad” en esta cuestión.
El artículo citado se refiere al caso de que una comunidad autónoma no cumpla las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actúe de forma que atente gravemente al interés general de España.
Si el presidente autonómico no atiende tal requerimiento, el Gobierno central, siempre con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, adoptará las “medidas necesarias para obligar” a la región al “cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”, según el artículo 155.
La respuesta de Puidemont marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días, según Rajoy, pues si el presidente catalán manifiesta la voluntad de respetar la legalidad se pondría “fin a un período de inestabilidad, tensiones y quiebra de la convivencia”.
Tanto la ley catalana que regulaba el referéndum, aprobada por el Parlamento regional el 6 de septiembre pasado, como la convocatoria de la consulta, fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional.
