Tomaron protesta los 5 integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Martha Joana Corral Peralta por un año, quien tambien estará a cargo de la presidencia, Bulmaro Alvarado Almanza por 2 años, Antonio Sánchez González por 3 años, Jesús González Ramírez por 5 años y Liliana Candelario Cardoso por 4 años, pese a no cumplir con los requisitos.
Los encargados de seleccionar los perfiles excusaron la omision de la edad en los argumentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se pronuncia en contra de la discriminación por motivos laborales en los que se incluye que la edad así como que las habilidades y aptitudes no se pueden generalizar a partir de un rango de edad sino que dependerán de pruebas indivuales por tanto dicen “no podemos incurrir en un acto de discriminación”.
Además, la comision de selección dijo que dentro de sus competencias no se encuentra la de destituir miembros ya seleccionados, por tanto Liliana Candelario Cardoso con 33 años de edad es parte del SEA incluso sin cumplir con un mandato de la ley que exige 35 años al momento de la protesta.
Alternamente, mientras tomaban protesta los comisionados del SEA, en el congreso del estado, la sexagesima segunda legislatura realizó un exhorto a la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, respecto del procedimiento para la designación de las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.
En su carácter de integrante de la Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Justicia, el diputado Luis Medina Lizalde dio lectura a la propuesta, en la cual se plasma que en pleno respeto a la autonomía que debe prevalecer en el proceso de integración, se exhorta a la Comisión de Selección, para que en las etapas que conforman el procedimiento para la designación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, se cumpla con las garantías de legalidad y de seguridad jurídica.
“En aras de garantizar los principios de objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito, con el objetivo de salvaguardar los derechos humanos de quienes hubieren participado en el proceso respectivo” puntualizó el legislador.
