El gobierno argentino ofrecerá 98 millones de pesos (unos 4.9 millones de dólares) a quienes “brinden información y datos útiles” para hallar al submarino San Juan, que desapareció el pasado 15 de noviembre con 44 tripulantes a bordo, anunciaron este miércoles a través del Boletín Oficial del Estado.
“Se considera pertinente la fijación de una gratificación de tipo económico para aquellos sujetos privados que brinden información y datos útiles que permitan dar con el paradero y la ubicación precisa del submarino San Juan”, indicó el Ministerio de Defensa en la resolución antes de indicar la cifra.
Con esta recompensa, pretenden incentivar la participación del sector privado en una búsqueda que ha registrado resultados “infructuosos” pese a que ha contado con esfuerzos “materiales, humanos, económicos y tecnológicos” y con “compromiso y pericia tecnológica y material”, valoraron en el texto.
Aquellos quienes tengan información, deberán especificar “el informe integral de la búsqueda” con las características del equipamiento utilizado, datos crudos y procesados, y videos, fotografías y mosaico fotográfico georeferenciados derivados de la localización del submarino, entre otros.
El presidente argentino, Mauricio Macri, ya había anunciado el pasado 6 de febrero a los familiares de los desaparecidos que ofrecerían una “recompensa millonaria” pero hasta hoy no habían publicado la cifra en ningún medio oficial.
La búsqueda del submarino en el Atlántico se delimitó a 430 kilómetros de la costa patagónica, en torno a una zona donde varias agencias internacionales informaron de la detección de una explosión horas después de desaparecer la nave, cerca de donde se produjo la última comunicación del buque.
Poco antes, el comandante había informado a sus superiores que se había producido un principio de incendio en un compartimento de baterías por la entrada de agua a través de un conducto de ventilación, un problema que según la Armada fue resuelto y el submarino pudo seguir su viaje hacia Mar del Plata.
En estos meses, además del caso abierto en la Justicia, en el que diversos familiares son querellantes, se abrió una investigación interna en el seno de la Armada y el almirante Marcelo Srur fue destituido por el Gobierno como jefe del cuerpo castrense.
También se creó en el Congreso de la Nación una Comisión Especial Investigadora.
