La Corte Suprema de Brasil autorizó este viernes la inclusión del presidente Michel Temer en una investigación por corrupción en la que también figuran dos de sus ministros, en una causa abierta en el marco de la Operación Lava Jato y previa a la asunción del mandatario como jefe del Estado.
La investigación, que la policía federal brasileña debe concluir en los próximos meses, se basa en la delación de ejecutivos de la constructora Odebrecht que aseguran que se pagaron coimas a la secretaría de Aviación Civil a cambio de favores políticos.
Este organismo fue dirigido entre 2013 y 2015 por dos hombres de la mayor confianza de Temer: el actual ministro de la Casa Civil, Eliseu Padilha, y por Moreira Franco, secretario general de la presidencia de la República.
La Fiscalía general de Brasil había pedido a la Corte que autorizara la investigación de Temer,después de que el exdirector de Odebrecht Claudio Melo Filho dijera a la policía que éste participó en mayo de 2014 de una cena en su residencia oficial como vicepresidente de la República en la que se habría decidido el pago de las coimas.
Ello a pesar de que la Constitución en Brasil impide que el jefe del Estado sea “responsabilizado” por actos cometidos antes del ejercicio de sus funciones.
Con todo, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin autorizó hoy la investigacióncontra Temer y otros miembros de su formación política, el PMDB, por recibir supuestamente fondos ilícitos por valor de 10 millones reales (tres millones de dólares) de Odebrecht en el año 2014.
El presidente de Brasil, que llegó al poder en mayo de 2016 tras un controvertido juicio político a Dilma Rousseff, ya escapó a dos imputaciones por corrupción y asociación ilícita gracias al apoyo del Congreso brasileño, que archivó por mayoría las denuncias contra el mandatario.
Temer es el único presidente de Brasil en ejercicio en ser demandado por la Fiscalía, y media docena de altos colaboradores y ministros tuvieron que dimitir tras su llegada al poder por escándalos y supuestas maniobras para frenar la Operación Lava Jato, que ha imputado a decenas de políticas de América Latina por las coimas.
