El Departamento de Justicia empezará a buscar la aplicación de la pena de muerte en los casos de algunas personas acusadas de tráfico de drogas, atendiendo la propuesta formulada este lunes por el presidente Donald Trump como parte de su plan para atacar la llamada “crisis” de los opiáceos.
En un memorando emitido este día, el procurador general, Jeff Sessions, giró la instrucción a los fiscales federales a través del país para utilizar un estatuto promulgado por el presidente Bill Clinton en 1994, en respuesta a la entonces crisis del crack, que raramente ha sido invocado por el gobierno federal.
Sessions dijo que los traficantes de drogas, organizaciones trasnacionales del crimen organizado y las pandillas están contribuyendo de manera sustancial a este flagelo y por ello, los fiscales federales deben considerar utilizar cualquier herramienta legal a su disposición.
“Este debe incluir buscar el castigo capital en casos apropiados”, indicó, haciendo notar que además de la directiva de Clinton, el Congreso aprobó varios estatutos que permiten al Departamento de Justicia recurrir a esta vía.
El mandatario estadunidense consideró que si las autoridades federales no eran firmes ante los traficantes de drogas, los esfuerzos en este frente serán una pérdida de tiempo y aseguró que proyectar esta determinación “incluye la pena de muerte”.
Sessions justificó su instrucción, al indicar que la crisis de los opiáceos está dejando un saldo sin precedente de adicción, sufrimiento y muertes a través de comunidades en el país.
“Las sobredosis por drogas, incluyendo por substancias letales como el fentatil y sus análogos mataron 64 mil estadunidenses en 2016 y ahora son la causa principal de muertes para menores de 50 años. Ante esta situación, no podemos continuar como si nada pasa”, añadió.
