La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre y el Grupo Parlamentario del PT proponen que Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), comparezca ante esta Asamblea para que rinda un informe detallado de todas y cada una de las inversiones a través de las Afores que se están realizando en diversos sectores productivos con las aportaciones de los trabajadores mexicanos.
La senadora Geovanna Bañuelos presentó en nombre de sus compañeros un punto de acuerdo en ese sentido, con el fin de generar mayor comunicación y transparencia entre dichas instituciones financieras y los trabajadores.
Señaló que las Afores tienen fundamento legal en el artículo 175 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre de 1995, en el cual se establece: “La individualización y administración de los recursos de las cuentas individuales para el retiro, estarán a cargo de las Administradoras de Fondos para el Retiro”.
“La gente no confía, quizá por desconocimiento financiero. Entonces, si queremos generar un clima de confianza y con esto incrementar el ahorro, ésa es una de las medidas que se deben considerar aún antes de ver los esquemas de una mayor aportación patronal o del trabajador”.
Recordó que el ex titular de la Condusef, Mario di Costanzo Armenta, en una entrevista comentó que para el cierre del 2018 era posible que los reclamos que contra las Afores serían mayores a los del 2017, pues de enero-agosto ya acumulaban más de 10,000 quejas. Detalló que el origen de estas reclamaciones es por solicitud de retiro no atendida y por solicitud de trámite no atendido.
“Creemos que todavía hay mucho por hacer. En materia de educación financiera es importante señalar que la gente no ha considerado que la Afore es parte de su riqueza. Todavía lo ve como un trámite y tienen cierto temor de que el gobierno no le vaya a devolver su dinero”, señaló.
De acuerdo con información del Buró de Entidades Financieras, expuso, el año pasado las afores registraron 18 mil 177 reclamaciones, las cuales representaron un monto de 2.5 millones de pesos.
La propuesta fue turnada para estudio y dictamen a la Comisi
