Zacatecas, Zac., jueves 21 de enero.- “Dirimir controversias no es una tarea menor, los magistrados que conformamos el Pleno ejercemos la función con absoluta autonomía y en ningún momento hemos recibido recomendación alguna para substanciar o resolver en algún sentido”, afirmó el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, magistrado Uriel Márquez Cristerna.
En un pormenorizado informe detalló que durante el año 2020, se recibieron 15 procedimientos de responsabilidad administrativa, donde se acreditó por parte de las autoridades investigadoras la probable falta administrativa grave imputable a un servidor público y a un particular vinculado con dicha falta.
De los procedimientos de responsabilidad administrativa substanciados antes de diciembre de 2019, siete fueron sentenciados en el año 2020, de los cuales tres se sobreseyeron y en cuatro se impusieron sanciones como: suspensión, inhabilitación temporal, sanción económica e indemnización.
Respecto a la ejecución de sentencias, dijo que la sociedad zacatecana debe tener certeza que en el Tribunal de Justicia Administrativa se imparte justicia pronta, expedita e imparcial.
Hizo un especial reconocimiento a las autoridades demandadas por acatar de manera puntual y voluntaria el fallo impuesto, las cuales cumplieron un total de 369 sentencias dictadas en 2020 y anteriores.
Al rendir su Informe Anual de Actividades 2020, el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del estado, magistrado Uriel Márquez Cristerna, subrayó la entrada en vigor del Decreto 576, por el que se expide la nueva Ley de Justicia Administrativa, que se encuentra vigente y es aplicable para las demandas de nuevo ingreso en este año 2021.
En sesión solemne, en un ejercicio de rendición de cuentas y ante el pleno del Tribunal, el Magistrado señaló que, no obstante la contingencia sanitaria de COVID-19 afectó de manera importante las actividades normales en la administración de justicia, se lograron resultados positivos durante el año que se informa.
Los meses de confinamiento fueron cabalmente aprovechados para emprender acciones de carácter relevante, como la conformación de una comisión dedicada a trabajar un proyecto de Iniciativa de Ley de Justicia Administrativa, que estuvo coordinada por el Magistrado Gabriel Sandoval Lara, como Presidente de la Comisión de Reglamentación, el cual fue presentado formalmente ante la LXIII Legislatura del Estado el día 25 de septiembre de 2020.
A la par, fue creada la Comisión para la Implementación de Notificación Vía Boletín Electrónico en los Juicios Contenciosos Administrativos y las bases para su operatividad, cuyas propuestas fueron aprobadas y publicadas en el Periódico Oficial el 10 de octubre y comenzaron a aplicarse en el mes de noviembre próximo pasado.
El 1o de julio se reanudaron las actividades y, por ende, los plazos y términos procesales, por lo que, cumpliendo con las medidas establecidas en el Protocolo de Actuación y Plan de Contingencia SARS-CoV2 (Covid-19) año 2020, aprobado por el Pleno, se incorporó a laborar de manera presencial un 30 por ciento del personal y a la postre el 60 porcentual.
Tras reconocer el trabajo de las y los Diputados de la LXIII Legislatura del Estado, Márquez Cristerna señaló que el pasado día 15 de diciembre, se aprobó por unanimidad el Dictamen de la nueva Ley de Justicia Administrativa, que será de vanguardia en pro de la impartición de justicia administrativa en nuestro Estado.
“Con tal precedente, el pasado día 4 de enero entró en vigor el Decreto 576, publicado en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado, por medio del cual se expidió la nueva Ley de Justicia Administrativa, que se encuentra vigente y es aplicable para las demandas de nuevo ingreso en este año 2021”.
ACTIVIDAD JURISDICCIONAL
No obstante que el 2020 fue un año complicado por la situación sanitaria que prevalece a nivel mundial y la creciente recesión económica, se recibieron 473 demandas, interpuestas tanto de manera presencial por medio de la Oficialía de Partes como vía Buzón Electrónico, número semejante a los asuntos ingresados en los dos años previos que se trabajó con normalidad.
De los juicios tramitados se agregan 57 asuntos de años anteriores que por diversos motivos de carácter procesal se conocieron en el ejercicio 2020.
En el Área de Oficialía de Partes se recibieron 3 mil 533 promociones, sobre los que recayeron 3 mil 081 acuerdos. Se substanciaron 416 juicios, de los cuales 359 corresponden a 2020 y 57 de años anteriores. En cuanto a juicios resueltos, 117 corresponden a 2020 y 110 son de años anteriores.
Dijo que en el año judicial 2020 el Tribunal emitió 295 resoluciones, que comprenden 149 sentencias definitivas, 45 de cumplimiento de ejecutorias de amparo, 41 interlocutorias respecto a los recursos en contra de las actuaciones del Tribunal y 60 resoluciones fuera de audiencia.
En ese sentido, dichos fallos confirmaron la validez de 45 actos de autoridad, 80 arrojaron la nulidad, 10 la nulidad para efectos, en 13 se dictó el sobreseimiento y en uno se declaró la incompetencia del Tribunal para conocer del asunto.
De los Recursos que contempla la Ley de Justicia Administrativa y la Ley General de Responsabilidades Administrativas en contra resoluciones de trámite, el Pleno votó por unanimidad 28 medios de impugnación.
Se resolvieron cinco Recursos de Queja, mismos que resultaron fundados en su totalidad. Se solicitaron 160 suspensiones de ejecución de actos de autoridad, de las que fueron concedidas 104 y negadas 56 por resultar notoriamente improcedentes o por no cumplir con los requisitos que establece la Ley.
Se celebraron 21 de las 28 audiencias programadas para desahogo de pruebas y formulación de alegatos, las siete restantes fueron diferidas por manifestación expresa.
Se promovieron 50 Juicios de Amparo y se resolvieron 181 únicamente de años anteriores, concediéndose 42, de los cuales 25 fueron por cuestiones de fondo y 17 de forma, lo que implicó que en su mayoría no se varió el criterio que se había emitido en las respectivas resoluciones.
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS GRAVES Y DE PARTICULARES
Márquez Cristerna aseguró que la Ponencia del Magistrado Gabriel Sandoval Lara continúa encargándose de los asuntos sobre responsabilidades graves y de particulares en relación con ellas y que con la vigencia de la nueva Ley de Justicia Administrativa funcionará como Sala Especializada.
En otro sentido, agradeció al gobernador Alejandro Tello porque, a raíz de la petición hecha en el Primer Informe Anual de Actividades 2018, en octubre próximo pasado fue firmado el Contrato de Donación con Gobierno del Estado de Zacatecas, por medio del cual se formalizó la donación de un inmueble ubicado en Ciudad Administrativa para construir las oficinas de este ente y que se espera en corto plazo sea el mandatario estatal quien coloque la primera piedra.
Dijo que, en primer término, se implementan mecanismos innovadores que facilitan el acceso a la justicia, evitan el rezago, permiten la atención de los asuntos a distancia y posibilitan la adopción de medidas en materia sanitaria y distanciamiento social, al hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación, pues se pone en marcha el juicio en línea y las notificaciones electrónicas mediante el boletín electrónico.
El juicio en línea concede beneficios tanto a los justiciables como al Tribunal, las actuaciones se generan de manera digital; se reducen costos de tramitación, gastos de insumos, operación y traslados, abona a la ecología y mejora la calidad del acceso a la impartición de justicia, pues agiliza la tramitación del juicio y la emisión de las resoluciones.
El boletín electrónico que opera a partir de noviembre del año pasado, es un sistema de notificación que se realiza mediante la publicación en el sitio web oficial del Tribunal.
Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Justicia Administrativa, se modifica la estructura orgánica, con la finalidad de adecuar su organización, con la competencia material que ejerce.
La Unidad de Transparencia del Tribunal, que es el área receptora de las solicitudes de acceso a la información pública, así como de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de Datos Personales (ARCO), recibió y contestó dentro de los plazos establecidos un total de 65 solicitudes de información y no hubo recurso alguno promovido durante dicho periodo, al no existir inconformidad manifiesta con las respuestas otorgadas dentro de los términos establecidos.
Finalmente, Márquez Cristerna agregó que el uso de las redes sociales y de las tecnologías de la información y comunicación se convirtieron en herramientas indispensables para realizar y dar a conocer las acciones y agenda pública efectuada en un año marcado por la pandemia. Entre entrevistas, notas informativas y difusión oficial de acciones y avisos en las redes sociales, se dio a conocer la actividad pública del Tribunal.
