El equipo defensor del ex funcionario que ayer por la noche fue trasladado al penal de Cieneguillas no tiene claro porque la Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas le imputa irregularidades administrativas por un monto de aproximadamente 240 millones de pesos.
Declaró a la prensa José Marco Romero Silva, abogado defensor del exfuncionario que ocupo el cargo de Oficial Mayor durante la administración de la perredista Amalia García Medina, al concluir la audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprensión al funcionario.
“Las constancias que recibimos no refieren dicha cantidad”, señaló Marco Romero al remitirse a las carpetas que contienen las pruebas del supuesto ilícito atribuido al ex funcionario y que, cabe destacar, fueron solicitadas por los abogados defensores en plena audiencia, ya que no contaban con ellas.
El abogado defensor informó que para acreditar la inocencia del ex funcionario solicitaron a la jueza la ampliación del término constitucional para reunir las pruebas a favor del ex funcionario por un plazo de 144 horas.
De tal manera que el martes 21 de febrero del 2012 se realizará la audiencia de desahogo de pruebas por parte de los abogados defensores, Francisco Javier Bautista Espinoza, José Marco Romero Silva y Luis Bobadilla Sánchez, este último en calidad de auxiliar.
Por su parte la audiencia de vinculación a proceso, es decir, en la que la agente del ministerio público desahogará las pruebas en contra del ex funcionario se llevará a cabo el domingo 19 de febrero del presente año.
Actualmente el ex funcionario es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, a pesar de que por el momento continuará recluido en el penal varonil de Cieneguillas, por lo menos, hasta el martes próximo, día que corresponde su defensa.
Marco Romero denunció que las carpetas que contienen el desahogo de pruebas acusatorias nunca se pusieron a consideración del ex funcionario antes de celebrarse la primera audiencia del juicio oral.
Finalmente, el abogado defensor opinó que el actuar de las autoridades del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas fue adecuado durante la primera audiencia, mientras que se desistió de opinar de la actuación de los agentes de la Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas, durante la aprensión del ex funcionario.