Al ser entrevistado sobre la alteración o simulación de documentos que puede darse durante un proceso de demanda laboral, Aquiles González Navarro, regidor del municipio de Guadalupe y ex Procurador de Justicia del Estado de Zacatecas, señaló que la falsificación de documentos públicos y oficiales es un delito penal.
Por tanto, faltar a la verdad en la narración de los hechos, suponer en el acto la intervención de personas que no la han tenido o atribuir declaraciones diferentes a las que se hubieran dado, es un proceder punible.
“Cuando cualquier autoridad o particular falsifica documentos para obtener algún beneficio, algún fin deshonesto o bien otorga declaraciones falsas ante una autoridad ya sea judicial o administrativa incurre en esos ilícitos que ameritan prisión”, enfatizó el connotado jurista.
Dijo que cualquier autoridad puede llegar a cometer esos delitos si para algunos fines que sean determinados falsifica documentos o da informes falsos.
La actuación de funcionarios que en el ejercicio de sus cargos falseen o manipulen documentación con fines personales o conveniencias del sector público también es una acción tipificada como delito.
Cuando esta situación se presenta ante una autoridad laboral, procede la denuncia penal ya que también implica delitos contra el trabajo y previsión social, añadió.
González Navarro, expuso que cualquier despido debe estar sustentado, sí el trabajador no tiene responsabilidad alguna no tienen porque despedirlo, “peor se pone la situación cuando para despedirlo alguna autoridad incurre en falsedad, en mentir ante la autoridad laboral o bien falsifica documentos para “justificar” el despido del trabajador”.
“El trabajador tiene sus derechos laborales y no puede ser despedido a capricho, tiene que haber un sustento, un fundamento administrativo para que pueda ocurrir la separación de su puesto de trabajo y tiene que haber actas levantadas donde se establezcan los motivos”, subrayó.
Por tanto, faltar a la verdad en la narración de los hechos, suponer en el acto la intervención de personas que no la han tenido o atribuir declaraciones diferentes a las que se hubieran dado, es un proceder punible.
“Cuando cualquier autoridad o particular falsifica documentos para obtener algún beneficio, algún fin deshonesto o bien otorga declaraciones falsas ante una autoridad ya sea judicial o administrativa incurre en esos ilícitos que ameritan prisión”, enfatizó el connotado jurista.
Dijo que cualquier autoridad puede llegar a cometer esos delitos si para algunos fines que sean determinados falsifica documentos o da informes falsos.
La actuación de funcionarios que en el ejercicio de sus cargos falseen o manipulen documentación con fines personales o conveniencias del sector público también es una acción tipificada como delito.
Cuando esta situación se presenta ante una autoridad laboral, procede la denuncia penal ya que también implica delitos contra el trabajo y previsión social, añadió.
González Navarro, expuso que cualquier despido debe estar sustentado, sí el trabajador no tiene responsabilidad alguna no tienen porque despedirlo, “peor se pone la situación cuando para despedirlo alguna autoridad incurre en falsedad, en mentir ante la autoridad laboral o bien falsifica documentos para “justificar” el despido del trabajador”.
“El trabajador tiene sus derechos laborales y no puede ser despedido a capricho, tiene que haber un sustento, un fundamento administrativo para que pueda ocurrir la separación de su puesto de trabajo y tiene que haber actas levantadas donde se establezcan los motivos”, subrayó.
