La ausencia de manuales administrativos, falta de aplicación del marco jurídico, opacidad y abuso de autoridad fueron denunciados como una constante en la Secretaría de Educación y Cultura por la profesora Norma Beatriz Luévano Ortega, quien señaló que estas irregularidades se traducen en un verdadero “caos administrativo” al interior de esa dependencia estatal, “sin que nadie se ocupe de corregirlo”.
La profesora, quien es docente de base en el subsistema de Secundarias Generales, expuso lo anterior tras denunciar el abuso de autoridad de funcionarios de esa dependencia por la retención de su sueldo desde hace dos meses, sin que hasta la fecha se regularice su situación.
Dicha retención, sostuvo, se ha llevado a cabo en su perjuicio sin que medie una causa justificada, mismas que, como indicó, están contenidas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Todo comenzó en el mes de mayo, cuando le detuvieron dos de sus quincenas y al ir a reclamarlas a la región 10 federalizada de Guadalupe le indicaron que el documento se encontraba en la oficina de pagos. Ahí le dijeron que no se lo podían entregar porque necesitaba la autorización de la contadora Susana Robles Berumen, quien se desempeña en la subjefatura de Registros y Controles del área de Recursos Humanos.
Cuando cuestionó a la funcionaria qué problema existía con su pago, esta le dio una excusa “ridícula”, a decir de la maestra.
“Esta mujer me dice así, sin más, que ella necesitaba hablar conmigo sobre una observación de una auditoría realizada a mi anterior centro de trabajo, la Secundaria Pedro Ruiz González de Guadalupe, relativa al ejercicio fiscal del 2009, explicando que el día de la revisión yo no me encontraba en la escuela”, relató Luévano Ortega.
La docente sostuvo que le manifestó a la funcionaria pública su total indignación al tomarse atribuciones que no le corresponden como lo es la retención del sueldo de un trabajador y por una razón que no sólo no está contemplada como justificada en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, sino que “habla de la completa incompetencia, desconocimiento de la normatividad y ausencia o inaplicabilidad de manuales administrativos que establezcan lo que hay qué hacer en estos casos por parte del personal de esa dependencia pública”.
Tras lo anterior, Norma Beatriz Luévano recordó que Zacatecas es uno de los pocos estados del país, en el que la retención de sueldo está considerada como delito y que pese a hacerle del conocimiento a la funcionaria de la magnitud de su falta, volvió a retener su sueldo de tal suerte que a la fecha le han suspendido las últimas cuatro quincenas de su salario, más el bono de inicio.
Un mes atrás acudió al sindicato, dijo, para que le defendieran de este abuso de la Secretaría, “pero está claro que no han hecho nada; también presenté escrito al Departamento de Recursos Humanos con copia para el secretario de educación y cultura, Marco Vinicio Flores Chávez, pidiendo se me informe el motivo de dichas retenciones, pero no sólo no he recibido respuesta, sino que la última quincena pagada el viernes 24 de septiembre también se me retuvo”, agregó.
Empero, ya interpuso denuncia penal ante el Ministerio Público en contra de quien resulte responsable por la comisión de delitos contra la previsión social contemplados en el Código Penal de la entidad, esperando, dijo, que se haga justicia y se sancione al o los responsables pues consideró que “este tipo de abusos no pueden continuar y mucho menos, quedar impunes”.
También indicó que abusos y arbitrariedades como esta son una constante en la Secretaría de Educación y Cultura y que los trabajadores de esa dependencia, pese a que existe un sindicato, se encuentran en total estado de indefensión porque ni la Comisión Estatal Derechos Humanos interviene jamás aludiendo a su impedimento legal de inmiscuirse en asuntos laborales.
“Pero yo me pregunto si acaso en materia laboral no se violan los derechos humanos”, expresó al urgir a los legisladores locales para que se modifique la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se cree la visitaduría sobre asuntos laborales.
“Y esto no es lo único, cada año en los concursos tenemos que llevarnos a casa el entripado por el ocultamiento de plazas que luego vemos que se otorgaron por debajo de la mesa y cuando pedimos información sobre esos espacios simplemente guardan silencio; y qué decir de que no se nos entregan las constancias de los cursos de actualización anual con valor escalafonario y al reclamarlas resulta que las extraviaron y no son capaces de reponerlas; también está la opacidad en el otorgamiento de las becas comisión o de los profesores que mandan a cubrir plazas de tres horas a lugares tan alejados que les resulta incosteable su trabajo”, acotó Luévano Ortega concluyendo dicha lista de irregularidades con un largo etcétera.
Lamentó que cualquiera que sea el partido en el gobierno, nadie ha llevado a cabo acciones contundentes para dar orden a dicha dependencia y señaló como una de las causas de mayor impacto en todo este desorden administrativo “el pago de favores políticos con cargos administrativos en donde no están los más aptos, sino los mejor relacionados con quienes ostentan el poder, situación que, lamentablemente, da como resultado una administración pública por demás ineficiente y transgresora de derechos fundamentales”, concluyó.
