Iniciaba la sesión cuando Víctor Manuel Jorrín Lozano, diputado federal perredista, y guerrerense, interrumpió la lectura del que presidía, el panista Ricardo Anaya Cortés, a quien le solicitó entonces que fuera incluida en la orden del día el tema de la revisión de los apoyos del Fonden y Sedesol, “en donde” —apostilló— “se están otorgando solamente 10 mil pesos para la reconstrucción de las viviendas.
Y hay viviendas que no las incluyen si no dan el límite de agua, que es de un metro de inundación. Y si da menos de un metro no las aceptan, y quiero que se revise y se aclare ese tema”.
Y apostillaba Víctor Manuel su solicitud: “El otro es en cuanto a la revisión de las responsabilidades que le correspondieron a las alertas de Conagua y Protección civil, en donde están culpando a los gobernadores de no haber avisado en forma oportuna, siendo que Conagua fue la responsable de dar la primera emisión y no lo hizo correctamente, y tiene que ser revisado y no cargarle la responsabilidad a los gobernadores, siendo que es responsabilidad de Conagua y de Protección Civil”.
Escoció al PRI y al PAN. Al PRI porque se trataba de aclarar paradas entre los gobernadores y el Gobierno federal, que unos a otros se culpan de la tardanza en las alertas ante la irrupción violentísima que los huracanes “Manuel” e “Ingrid” tuvieron sobre 26 estados de la República. Y al PAN porque suele erizar al panismo toda solicitud proveniente de las izquierdas.
El diputado panista Ricardo Anaya Cortés rechazó la solicitud del perredista, arguyendo: “Es mi obligación observar y hacer cumplir el reglamento, señor diputado. El Artículo 65 del Reglamento de la Cámara de Diputados dice de manera textual que el orden del día sólo se podrá modificar a propuesta de la Junta de Coordinación Política. Le pido comprenda usted que es nuestra obligación respetar el reglamento”.
Y era cierto. En la más reciente reforma a la Ley Orgánica, la mayoría del PRI y PAN dispuso que sólo la Junta podría ordenar insertar nuevos temas a la orden del día, una vez aprobada ésta. Y la Junta no son más que los coordinadores parlamentarios, cuya mayoría la conforman el PRI, PAN y PVEM, por cierto.
Terció el perredista Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez: “Quiero apelar al buen juicio del presidente (Ricardo Anaya). El Artículo 143 señala textualmente: ¿el presidente en sus resoluciones estará subordinado al voto del pleno”.
A Ricardo Anaya le solicitaban eso, precisamente, que ejerciera sus facultades de convocar al Pleno a opinar y decidir en votación económica. Pero se hacía el occiso, hasta que llegó la línea del PRI, en voz de Manuel Añorve Baños, diputado priista, ex edil de Acapulco, quien, astuto, sobaba el lomo a los perredistas diciéndoles que les tenía respeto. Y les sugería que esperaran a discutir el tema cuando tocara el turno, en la asamblea, de un punto de acuerdo sobre el tema de Michoacán y Guerrero, a propósito de los huracanes aquellos, que también dañaron “a otros estados”, como Jalisco, Puebla, Veracruz, Sinaloa, Chiapas, Durango, Coahuila, Tamaulipas…
“Le tomamos la palabra; vayamos al tema”, se dirigió a Añorve el perredista Catalino Duarte Ortuño.
Pero no, no se fueron al tema en esta sesión, sino a la siguiente, o sea hoy
