El Senado de la República aprobó la madrugada de este miércoles la reforma político-electoral, con la que se busca fortalecer la democracia y modernizar al Estado mexicano a partir del replanteamiento del diseño institucional de las estructuras políticas.
Con 106 votos a favor, 15 en contra y una abstención, la Cámara Alta avaló el dictamen que establece la creación del Instituto Nacional Electoral, órgano constitucional autónomo que sustituirá al IFE y que se hará cargo de los procesos electorales federales, además de involucrarse activamente en los locales.
De igual forma, contempla un incremento de 9 a 11 en el número de consejeros electorales, quienes serán designados por la Cámara de Diputados, para un plazo de desempeño de nueve años.
Además, se plantea la transformación de la PGR en la Fiscalía general de la República, como un órgano público autónomo, que contará con fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción.
Por otro lado, se establece la reelección de alcaldes (hasta en una ocasión), así como de diputados (hasta en cuatro ocasiones) a partir del año 2015 y de senadores (hasta en dos ocasiones) a partir de 2018, con lo cual no habrá aplicación inmediata para quienes voten esta reforma.
En tribuna, el senador por el PT, Manuel Bartlett, coincidió con algunos expertos en el sentido de que esta reforma es un “adefesio” que no resuelve nada y sólo pondrá en riesgo las próximas elecciones. Y es que, dijo, no resuelve nada
El senador por el PRD, Benjamín Robles Montoya, destacó que el Senado se quedó a medias con esta reforma, pero también ha dejado un mal sabor de boca por el proceso tan irregular que se tuvo.
En tanto, la senadora por Movimiento Ciudadano, Layda Sansores, afirmó que lo más destacado de esta reforma es el cambio de siglas del IFE, lo cual, dijo, costará millones de pesos, aunque de nada servirá ya que “no vamos a tener elecciones confiables”.
