El desarrollo de la reforma energética debe comprender la defensa del medio ambiente y sus beneficios económicos tienen que reflejarse en la población, señalaron diputados a los titulares de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam.
El presidente de la Comisión de Energía, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, encabezó la reunión, y la primera en tomar la palabra fue la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lourdes Adriana López Moreno.
La legisladora destacó la importancia del desarrollo energético del país para lograr el bienestar económico, pero dijo que lo que intranquila a su comisión es que la transformación que impulsará la reforma energética no se efectúe con total responsabilidad y cumplimiento de la normatividad ambiental.
Enfatizó que se debe dar prioridad a la conservación de los recursos naturales, y agregó que para su comisión es muy importante participar en la elaboración de las leyes secundarias de la reforma energética, a fin de garantizar que tengan perspectiva ambiental.
También expresó su preocupación por la explotación de gas shale mediante el “fracking”, un término para referirse a la técnica de fracturación hidráulica para extraer gas no convencional, en la que se utilizan grandes cantidades de agua.
La diputada del Partido Verde Ecologista de México señaló que le inquieta que esa técnica impida que se cumpla con la normatividad ambiental, y que se garantice el abasto de agua para consumo humano, sobre todo en la zona noroeste del país, donde se utilizaría el método.
En su oportunidad, el presidente de la Comisión Especial de Cuenca de Burgos, Héctor García García, expuso que la reforma energética prevé la transformación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y con ello el impulso del potencial desarrollo económico del país y un mejor nivel de vida para los mexicanos.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional expuso que en la Cuenca de Burgos se inscribe uno de los grandes retos del país, pero también una de las grandes oportunidades, ya que comprende 12 municipios de Coahuila, 10 de Nuevo León y 12 de Tamaulipas, con un total de 120 mil kilómetros cuadrados.
Contiene seis mil millones de pies cúbicos de gas, que la convierte en la reserva de gas natural, no asociado directamente al petróleo, más grande del país, aseveró.
Con la reforma energética la cantidad de perforaciones será mayor y se crearán miles de empleos, pero también expresó la preocupación de la comisión especial porque se mejore el nivel de vida de los habitantes de esa región, además de que se evite el impacto ambiental y el deterioro del medio ambiente.
Se pronunció porque se registren beneficios tangibles en la población y que haya equidad social, con mejores posibilidades de empleo, capacitación para los trabajadores e impulso al crecimiento de las macro, mediana y pequeña empresas.
En su turno, la presidenta de la Comisión Especial de Prevención, Conservación y en su caso Restauración del Medio Ambiente en las Entidades Federativas donde se ubican las Instalaciones de Pemex, Rocío Adriana Abreu Artiñano, manifestó su inquietud por el eventual impacto ambiental del desarrollo de la industria petrolera.
Pemex y las otras empresas privadas que se incorporen a esa actividad están obligadas a construir una relación armónica con las comunidades donde llevarán a cabo sus trabajos, y a conciliar los intereses de los diversos actores que se ven afectados.
Señaló la necesidad de encontrar mecanismos adecuados para compensar a las comunidades afectadas e implementar estrategias integrales de protección ambiental y compensación social.
La legisladora priista expresó que se debe continuar el desarrollo de proyectos productivos que permitan resarcir los daños, para mejorar el nivel de vida de los habitantes de las comunidades.
También externó que en las leyes secundarias en materia energética debe mejorar la calidad de monitoreo para prevenir desastres de hidrocarburos, así como la capacitación y la prevención de accidentes.
Finamente, se solidarizó con los miles trabajadores de la empresa Oceanografía, investigada por presunto fraude y lavado de dinero, cuya situación laboral es incierta, y abogó porque se garanticen sus derechos a la estabilidad laboral.
