Este lunes, ejidatarios de Mazapil continuaron su protesta en las cercanías de la minera Peñasquito para exigir indemnizaciones por la explotación de tierra en Cedros y Cerro Gordo.
Alejandro Sucedo, comisariado de Cerro Gordo refirió que el problema que enfretan es desde hace 9 años y pese a que se ganó una demanda contra la empresa minera, no se ha realizado el pago por las tierras.
Aunque las operaciones de la minera no se han visto afectadas, los ejidatarios continuaron este lunes la toma simbolica de la compañía.
Se sumaron propietarios de tierras del ejido de Cedros quienes acusan la falta de apoyo tanto de gobierno del estado como de la federación, pues en vez de ayudarles han sido demandados por atentar contra la firma minera.
Hicieron llegar a los representantes de la minera un pliego petitorio para que se les liquide la indemnización, conforme a una sentencia judicial que les otorgó los derechos de posesión y uso de las tierras, así como al derecho de consumo y acceso a agua potable.
Lamentaron que con artimañas gobierno del estado y federal protejan a la compañía y les dé la espalda, pues incluso han sido demandados por autoridades por despojo y fraude del ejido a la empresa.
“Le consiente a la empresa que presente demandas contra nostros”, expresaron.
En 2013, tras as cuatro años de litigio, en el Tribunal Unitario Agrario de Zacatecas, resolvió el proceso de ejecución de la sentencia definitiva por la cual la minera canadiense Goldcorp debería restituir alrededor de 600 hectáreas a ejidatarios, donde hizo el tajo a cielo abierto más grande de Latinoamérica.
Entonces se exigió a la minera la devolución de las tierras que la firma aprovechó mediante convenios de ocupación temporal, ilegales y sin adquirirlas.
Y es que de acuerdo a testimonios de los propios ejidatarios, se les pagaba renta de sólo 50 centavos por metro cuadrado de sus tierras.
Cabe mencionar, que la compañía extractiva inició actividades en el municipio de Mazapil en el 2005, en terrenos de los ejidos El Vergel,Cerro Gordo y Cedros, para lo cual destinó una inversión de mil 100 millones de dólares y otros mil millones en trabajos d exploración.
Mientras tanto, los accesos a la mina continúan bajo custodia de elementos de la Policia Federal y elementos del Ejercito Mexicano.
