La oposición brasileña acusó ayer a Dilma Rousseff de incurrir en prácticas “graves” contra la economía del país y de querer ocultar la gravedad de la crisis financiera por la que atraviesa la nación sudamericana, al iniciarse la histórica sesión en la que la Cámara de Diputados decidirá sobre la apertura de un juicio político a la presidenta con fines de destitución.
345 diputados están en favor del juicio político; 122 están en contra y 46 no han manifestado su opinión.
El titular de la Abogacía General de la República, José Eduardo Cardozo, advierte que el proceso de destitución, de aprobarse, provocará una ruptura institucional y una violencia sin par, luego de que ayer en al menos 12 estados brasileños hubo protestas contra el juicio político; Se registraron bloqueos en carreteras, autopistas y vías rápidas en diversas ciudades.
