ZACATECAS.- Habitantes de Salaverna, Mazapil, se manifestaron en la casa del gobernador y en las calles principales del Centro Histórico para denunciar el atropello contra sus derechos al ser despojados de sus viviendas desde tempranas horas con el uso de la fuerza pública y sin la resolución de algún tribunal.
Don Roberto de la Rosa, delegado municipal de Salaverna, explicó que desde el lunes los pobladores fueron citados por Gloria Esparza, funcionaria de la Secretaría General de Gobierno a una cita a las 9 de la mañana en la capital, por que aseguró “fue un cuatro” que las autoridades aprovecharon para iniciar así la demolición de casas en dicha comunidad.
“Nos citaron acá, supieron que andaríamos aquí, tememos que haya sido un cuatro”, aseguró de la Rosa y añadió que que les fue notificado por el resto de pobladores que desde temprana hora fueron objetos de abuso de autoridad encabezado por Protección Civil.
Don Roberto denunció el ingreso violento de patrullas así como de maquinaria para demoler casas y de igual manera dio a conocer que comenzó la demolición de la escuela primaria y otra casa habitación sin que se presentara la orden de un juez.
Efraín Arteaga Domínguez, dirigente estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, apuntó que en una comunicación que entrabló con el director de Protección Civil, Juan Antonio Caldera Alanís, éste le notificó que “por su propia seguridad, iban a trasladar a los pobladores, ya fuera voluntariamente o contra su voluntad al Nuevo Salaverna”.
Arteaga Domínguez refirió que el 12 de diciembre se firmaron las actas del cierre del procedimiento de medición y deslinde de tierras solicitado a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) por los habitantes de Salaverna, Las Majadas y Santa Olaya, dentro del conflicto que mantienen con la empresa extractiva de Carlos Slim, para que la zona sea considerada terreno nacional y, con ello, acreditar la propiedad de 4 mil 650 hectáreas en que han vivido.
Ante este litigio en pie, responsabilizaron al gobernador Alejandro Tello Cristerna de “pisotear a las autoridades federales” al ser el autor principal de dicho atropello al desconocer el Artículo 14 de la Constitución que afirma que nadie debe ser molestado en sus propiedades si no es bajo la orden de un tribunal.
Reiteró que si bien la maquinaria para la demolición es de la minera, las acciones realizadas contra los pobladores son bajo la anuencia del gobernador priista.
Además, el dirigente de la UNTA, especificó que lo que prosigue en el litigio de las tierras es determinar si son terrenos nacionales, y de ser así, determinarán quién tiene derecho preferente para ser propietario, lo cual aseguró es derecho inminente de los pobladores que son descendientes de los huachichiles, y no a la empresa minera Frisco-Tayahua.
