La libertad de expresión en Venezuela podría verse impedida de manera severa como resultado de la Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, advirtió hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH manifestó su “grave preocupación” debido a las sanciones penales “exorbitantes” que contempla, y las facultades que da al Estado para censurar a medios tradicionales e internet, en contradicción con los estándares internacionales.
Recordó que antes de su aprobación, el miércoles pasado, el propio presidente Nicolás Maduro declaró que el objetivo de la ley era contrarrestar la campaña de odio, terror y violencia que ha sido promovida “por los sectores extremistas de la oposición”.
En un comunicado, la relatoría señaló que, al instrumentar los principios del texto adoptado, la ley desconoce y suprime el libre ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión.
Mediante “figuras penales extremadamente amplias, vagas y ambiguas, el Estado podrá castigar expresiones que pueden estar protegidas por el derecho a la libertad de expresión e incluso suprimir contenidos, al otorgarse al Estado la facultad de bloquear sitios en internet y revocar las licencias de los medios de comunicación”, agregó.
La legislación confiere también al gobierno la facultad de utilizar en forma gratuita los espacios de radio o televisión para imponer un mensaje oficial.
A juicio de la relatoría, “tales restricciones podrían impedir de forma severa el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Venezuela y generar un fuerte efecto intimidatorio incompatible con una sociedad democrática”.
En su análisis, la relatoría destacó tres aspectos que consideró son motivo de preocupación debido a los alcances.
Se trata del uso de figuras vagas y sanciones exorbitantes e imprescriptibles para penalizar expresiones de interés público; la imposición de gravosas obligaciones a todos los medios de comunicación, entre ellas la supresión y retiro de información de interés público, y el amplio margen otorgado al Estado de utilizar los medios de comunicación e imponer contenidos.
