A unos días de que se cumpliera el plazo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República avaló, en lo general y en lo particular, la minuta de la Cámara de Diputados que expide la Ley General de Comunicación Social.
Con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención, el pleno de la Cámara Alta aprobó el proyecto enviado desde San Lázaro, el cual no logró generar un consenso en las comisiones dictaminadores y fue duramente criticado por senadores de oposición.
El documento, con el que se pretende dar cumplimiento al mandato de la Suprema Corte de Justicia, establece que los medios de comunicación que busquen participar en la contratación de comunicación social deberán estar inscritos en el Padrón Nacional, que estará a cargo de la Secretaría de Gobernación.
Además, plantea que la Secretaría de Gobernación se encargará de regular el gasto en materia de comunicación social y prestará asistencia técnica y de evaluación de las estrategias, programas y campañas de comunicación para efectos de difusión de los mensajes sobre actividades gubernamentales.
Desde la tribuna, el presidente de la Comisión de Gobernación, Raúl Pozos Lanz, aseguró que la ley responde a la exigencia ciudadana de asegurar el acceso a una información completa, oportuna y verás.
Señaló que se prevé el manejo transparente de los recursos públicos, además de que establece reglas para fiscalizar el gasto de comunicación social, bajo estricto apego a los principios de racionalidad, transparencia y honradez.
No obstante, el coordinador de los senadores del PRD, Luis Sánchez Jiménez, advirtió que la minuta carece de rigor desde su denominación, además de que, dijo, deja abierta la puerta a la promoción personal de funcionarios con cargos al gasto público.
Por su parte, la senadora del PT-Morena, Dolores Padierna, resaltó que esta ley no pone límites al despilfarro, aunque afirmó que la percepción pública no se puede comprar.
A las críticas se sumó la senadora por el PAN, Mariana Gómez del Campo, quien destacó que, con esta ley, la Secretaría de Gobernación decidirá el tope de gastos de propaganda político, convirtiéndose en juez y parte.
El dictamen aprobado se remitió al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
