La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este jueves por mayoría de nueve votos, la Ley de Seguridad Interior (LSI) a casi un año de su promulgación.
Ocho de los ministros consideraron que el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior, postura que no fue compartida por los ministros Luis María Aguilar Morales y Margarita Luna Ramos, quienes votaron por la invalidez, pero por los vicios que se registraron en el proceso legislativo.
Durante la sesión de este jueves, el ministro Fernando Franco González aseveró que el tema de la seguridad interior es una facultad del Presidente de la República, quien deberá motivar sus decisiones y apegarse a la Constitución, así como a los tratados internacionales.
“El Congreso de la Unión no tiene competencia para emitir la Ley de Seguridad Interior; no obstante, debo precisar que la disposición por el Presidente de la República de las fuerzas armadas permanentes como los señala la Constitución, es un acto de autoridad que incide de manera directa en los derechos humanos, por lo que deberá estar debidamente fundados y motivados su acto, ciñéndose a las directrices que establecen las demás disposiciones de la Constitución federal, los tratados internacionales y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular aquellas en que se encuentra involucrados México, las cuales este tribunal pleno ha reconocido que nos son obligatorias”.
En su oportunidad, el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, se pronunció a favor de impulsar una nueva ley, ya que una legislación desarticulada podría generar un mal mayor y destacó que no debe normalizarse el uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad.
“Una ley desarticulada podría generar un mal mayor no deseado a la participación de las fuerzas armadas, de tal forma que debería emitirse una nueva norma, completa, integral, estructurada, que sea congruente y que dé certeza jurídica. En ese sentido me inclinare por pronunciarme por la invalidez de esta norma”.
Al defender su proyecto, el ministro Jorge Pardo Rebolledo aseguró que no comparte la visión de quienes aseguran que dicha legislación busca regular aspectos en materia de seguridad pública o empoderar a las fuerzas armadas.
“Una legislación que me parece que es necesaria, que nuestro contexto y realidad social exige y que también me parece indispensable para salvaguardar, en primer lugar los derechos humanos de todos los que vivimos en este país, como también darle un marco regulatorio a las propias fuerzas armadas para que sepan cuáles son los límites y cuáles son los lineamientos que deben seguir cuando intervengan en este tipo de acción. Concluyó diciendo que la Ley de Seguridad Interior no está regulando a la seguridad pública, ni menos empoderando a las fuerzas armadas para que realicen esas funciones en sustitución de las autoridades civiles”.
Por su parte, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena destacó que la LSI transgrede la obligación internacional de prevenir, a través de medidas legislativas claras, fenómenos con el potencial de generar serias violaciones a los derechos humanos.
