El gobierno de Zacatecas garantiza el apego irrestricto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el cobro de los impuestos ecológicos a industrias que contaminen en el territorio estatal, informó el Coordinador General Jurídico, Federico Soto Acosta.
Lo anterior, luego de que los ministros del máximo tribunal del país, después de tres sesiones, validaron este lunes en sus términos la constitucionalidad del Impuesto de Responsabilidad Ambiental y la metodología para el cobro de sus diferentes vertientes.
Además, el funcionario estatal aseguró que, de igual manera, se atenderán los fallos que emitan los tribunales jurisdiccionales respecto de amparos presentados contra el gravamen.
Detalló que hay 20 amparos en contra del impuesto ecológico y, si bien la Corte ya determinó la constitucionalidad del mismo, el Gobierno de Zacatecas también atenderá el mandato de la Segunda Sala de la SCJN, tribunales colegiados y un Juzgado de Distrito, instancias en donde están presentadas las querellas.
Federico Soto explicó que una vez concluidos los recursos legales en contra del impuesto, la Procuraduría Fiscal perteneciente a la Secretaría de Finanzas (Sefin) tendría los elementos para iniciar las cuantificaciones que se obtendrán por el gravamen.
En ese sentido, explicó que para el cobro de los impuestos la decisión de la Corte se retrotrae a la fecha de emisión de la norma.
Es decir, el gravamen deberá ser pagado para cubrir los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019, motivo por el cual se atenderá a la instrucción del Gobernador Alejandro Tello de buscar una mesa de diálogo con las empresas sujetas del pago para tomar acuerdos a favor de la generación de empleos y el adecuado uso del recurso.
Soto Acosta reiteró la decisión del mandatario de blindar la aplicación de dicha recaudación y así se garantice que sea exclusivamente para acciones de remediación ambiental, desarrollo económico y otros rubros a favor de los zacatecanos y nunca para gasto corriente o déficit educativo.
