La estructura y conductas excluyentes de las elites partidistas hacen inaccesibles para las mujeres de las bases el acceder a los cargos directivos y a las candidaturas. Esto se observa desde lo local a lo nacional, ya que para acceder al poder público se requiere formar parte de un selecto grupo en el poder, explicó la Consejera Electoral Elia Olivia Castro Rosales, durante su participación en el Primer Encuentro de Comisiones que atienden temas de igualdad de género o violencia política contra las mujeres de los organismos públicos locales electorales de la segunda circunscripción plurinominal.
Explicó la Consejera Electoral del IEEZ y Presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros, que los estereotipos y prejuicios generalizados en la sociedad en su conjunto respecto que la política y lo público son para los entes masculinos; mientras que el ámbito de lo doméstico y lo privado sería el espacio natural de lo femenino. Estos son prejuicios predominantes en los ámbitos más tradicionalistas y locales.
Dijo además que si bien existe la obligación legal para destinar financiamientos para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, los contenidos u objetivos de las capacitaciones que reciben las mujeres militantes de base no está orientada a dotarlas de herramientas que les permita acceder a un cargo público y profesionalizar su desempeño.
En este Primer Encuentro de Comisiones que atienden temas de igualdad de género o violencia política contra las mujeres, organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) el pasado viernes, mencionó la Lic. Olivia Castro que los mecanismos que utilizan las mujeres víctimas de violencia política son a través de distintos procedimientos, en el caso del INE y los Organismos Públicos Locales Electorales por la vía de Sanciones Administrativas y el Procedimiento Especial Sancionador.
También, el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, interpuesto ante los Tribunales Electorales de las entidades federativas y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Otro de estos procedimientos es el acompañamiento del Observatorio a las víctimas por violencia política por razones de género; la denuncia de delitos electorales ante la FEPADE, y ante Comisión de un delito que atente contra la mujer candidata o funcionaria pública, la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia o el Ministerio Público correspondiente.
Durante su exposición en la Mesa número 1, Violencia Política en Razón de Género, la Consejera Electoral Olivia Castro Rosales dijo que de acuerdo con el Diagnóstico sobre Violencia Política por razones de Género, elaborado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en el año 2018, los factores de discriminación a mujeres con meta política son por el nivel educativo, por su situación socio-económica, su apariencia física, por su edad, discapacidad, embarazo o lactancia, práctica religiosa y por su orientación sexual, entre otros.
A partir de los diagnósticos elaborados por el IEEZ, precisó, se propone establecer una capacitación obligada a toda la estructura directiva de los partidos en temas como: igualdad sustantiva, prevención y erradicación de la violencia política por razones de género, potenciación del liderazgo político de las mujeres, etc.
Además, generar mecanismos eficaces que faciliten la denuncia, para que las mujeres no prefieran callar por temor a ver truncada su trayectoria y que no se les contemple para los cargos.
Así como implementar protocolos con perspectiva de género, para detectar y denunciar el acoso sexual contra las mujeres en los ámbitos político-electorales. Lograr un acompañamiento más cercano y eficaz por parte de los Observatorios Locales a las víctimas de la Violencia Política contra las Mujeres.
Crear redes de apoyo entre mujeres de los partidos. Se impone un empoderamiento real de las militantes. Se debe trascender el partidismo en este tópico; tejer redes de apoyo entre las mujeres en funciones con cargo público para erradicar la violencia política por razón de género.
También, conjuntar esfuerzos para reconocer que no sólo es “un problema de mujeres”, sino que afecta la vida y calidad de nuestra democracia, e impacta en el desarrollo de la sociedad mexicana en general; definir como difamación y que sea contemplado como delito, la intromisión en la vida íntima de las personas, teniendo claridad sobre lo que es lo privado y lo íntimo.
Así como establecer alertas de alto riesgo, -atendidas de manera inmediata por las instancias de seguridad pública- cuando una candidata o una funcionaria sea amenazada o sufra ataques por parte del crimen organizado.
Por último, la Consejera Electoral propone producir y difundir campañas de sensibilización entre las bases de los partidos políticos, ya que se ha señalado que algunas mujeres de las elites partidistas son reproductoras de un sistema sexista que oprime a las otras.
