El gobernador del estado Alejandro Tello Cristerna, informó que se desalojará al grupo de personas que impiden el acceso a la mina de Peñasquito, con elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal, esto debido a que la empresa estadounidense que lleva a cabo las decisiones, externó un posible cierre.
Explicó que los dirigentes de la empresa plantearon la posibilidad del cierre indefinido ya que no se les han brindado condiciones para una certeza laboral “porque a final de cuentas no pueden estar jugando con un tema mercantil, con el valor de sus acciones, a ellos les conviene más si no se les brinda las condiciones de certeza laboral, detener prácticamente la empresa”.
A lo que el Tello Cristerna explicó serían perdidas incalculables para el estado, ya que tan solo en esta empresa dependen al menos 2 mil 600 trabajadores directos y más de tres mil indirectos, por lo que se afectaría aproximadamente a 6 mil familias.
El gobernador agregó que su propósito es el beneficio de las mayorías de la comunidad, al asegurar que los intereses de la empresa de transportistas donde al menos 200 personas están involucradas, posiblemente buscan arreglos económicos como se realizó en años pasados, sin embargo, aseguró que las políticas internas son distintas.
Por ello mencionó que se invitará a la Guardia Nacional y a Policía Estatal para que negociar “no se de manera violenta o de manera represora” a que el grupo de transportistas de Cava que está tomando la mina, permita el acceso, para generar las condiciones y realizar la mesa de acuerdos, “donde con todo respeto aquí lo digo, nunca podrá estar de los interese comunes, siempre debe prevalecer la ley, la legalidad” enfatizó.
Asimismo, comentó que las exigencias de la empresa es que tanto gobierno federal, como el estado se ajusten a la ley, ya que explicó en ámbito de lo local hay algunas denuncias por delitos contra el comercio y delitos por amenazas, en las que aseguró el fiscal del estado como abogados de la empresa minera ya están realizando los expedientes. En el tema federal también se están realizando investigaciones, a las que explicó que son delitos mayores que podrían llevar a los involucrados.
Por ultimó enfatizó que para el 4 de noviembre se espera que la empresa minera, realice la mesa de dialogo, siempre y cuando se activen las funciones de la mina, ya que asegura que “lo consideran una extorsión, no están dispuestos y preferirían el cierre definitivo o temporal para poder volver a funcionar” concluyó.
