Por medio de una carta dirigida al presidente de México Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Alejandro Tello, doce asociaciones y colectivos de Zacatecas, condenaron las acciones que han tomado las autoridades respecto al caso de la mujer que fue agraviada al interior de un Centro Penitenciario en Calera.
Luego de que se hiciera público este hecho, comenzaron a darse las contradicciones entre las autoridades. Las feministas reclaman:
“una serie de mentiras por parte del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, quien tuvo que ser desmentido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos al decir que la cárcel donde estuvo esta mujer es mixta.”
Además, condenaron las declaraciones de Ismael Camberos, ante un medio nacional, el titular de la SSP, cuando fue cuestionado por el caso, dijo “que no había sido violación porque solo se le introdujeron los dedos”. Las feministas manifestaron que “una violación equiparada, de ninguna manera es menos grave, la violación además es considerada un modo de tortura por la convencionalidad internacional”.
Mencionaron otra situación aún “más grave”, sobre el proceso mediático que se ha llevado en el tema y la decisión del Gobierno del Estado y el Poder Judicial de revelar el delito por el que esta mujer fue presa, pues afirman fue utilizado para desatar una campaña de linchamiento en contra de la víctima.
“Obviamente para desatar una campaña de linchamiento y desviar la atención ante las graves violaciones a los derechos humanos a las que había sido sometida; esto en franca campaña de criminalización que parece ser una fórmula a la que recurre con frecuencia el gobierno del estado ante las mujeres que demandamos respeto a nuestros derechos.”
Lamentaron que el custodio que cometió el crimen, se encuentre prófugo de la justicia, mientras que el nombre de la mujer víctima circula en medios nacionales. Reiteraron pedir justicia para este caso, no solo la destitución de algunos funcionarios, sino que no quede impune el proceso que se le ha dado al caso.
“Hubo un par de destituciones de funcionarios de niveles bajos del gobierno, y el estado de cosas sigue su curso sin que el Poder Legislativo se manifieste de forma alguna como garante de mecanismos de fiscalización y control al Ejecutivo. El mensaje parece ser: borrón y cuenta nueva hasta que la siguiente catástrofe salte a la luz pública.”
Por último, las asociaciones que firman la carta: Colectivo para la equidad, y la defensa de los derechos de las mujeres Techiyaliztli, Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Mujeres y Niñas A.C., Residencia Radical, Ovarios Callejeros, Aquelarre Zacatecas, Lunas de Hipatia A.C., Unidad de Colectivos por la Defensa de los Derechos Humanos de Niñas y Mujeres, Colectiva 8M, Hijas de la Luna Colectivo A.C., Ampi de Zacatecas, Observatorio de Conflictos Mineros y Apostasía Zacatecas aseveran que en México ser mujer y niña es una condición de alto riesgo.